Conflicto del Colón: La huelga al banquillo
Martes 19 de abril de 2011, por Matías Cremonte *
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En el marco del conocido conflicto gremial del Teatro Colón, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, demandó por una millonaria suma de dinero a los delegados de ATE que encabezan el reclamo de los trabajadores y al propio sindicato, por las pérdidas económicas que la huelga habría producido.

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* Abogado laboralista. Director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)

Así, supongamos, si no se vendieron entradas para el teatro el día de la huelga, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende que ese dinero lo pongan los trabajadores.

Con esa misma lógica, cuando el Jefe de Gobierno era presidente de la empresa automotriz Sevel, ante una huelga de los trabajadores de esa planta podría haber reclamado el resarcimiento por los automóviles no vendidos como consecuencia de esa medida.

O cuando fue presidente de Boca Juniors, ante una huelga de los jugadores o empleados del club, podría haberles reclamado el importe de las entradas no vendidas.

Claro está, todo ello es tan ilógico como la pretensión de considerar un conflicto laboral como un problema comercial.

Vale la pena entonces recordar que el Derecho de Huelga, al igual que el de Negociación Colectiva, están garantizados a los gremios en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, como en la mayoría de las constituciones de mundo capitalista occidental.

Es decir, desde casi un siglo, el propio sistema reconoce que la forma de determinar las condiciones de trabajo y los salarios es la negociación colectiva, y la herramienta fundamental con la cuentan los trabajadores es la huelga.

Un conflicto laboral, por tanto, es un conflicto social, y no comercial. La huelga, si es efectiva, produce un daño en el empleador, tal es su razón de ser.

Se ha dicho que es el derecho más atípico de los derechos, en tanto permite provocar un daño. Y esa atipicidad surge de la relación esencialmente desigual que existe entre quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo y su oficio, y quienes son dueños de los medios de producción. Esta desigualdad es aún mayor si el patrón es el propio Estado.

Por lo tanto, el ejercicio de un derecho constitucional como es la huelga, no puede ser considerado un ilícito, y mucho menos generar en el empleador el derecho a ser resarcido por los eventuales daños sufridos. Como era de esperarse, en primera instancia la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires rechazó de plano la pretensión del Gobierno local de embargar a los delegados de ATE por 55 millones de pesos.

A ello hay que sumarle que el Gobierno de la Ciudad ha incumplido todas las sentencias judiciales dictadas en su contra, como la que le ordenó negociar colectivamente con ATE, o reinstalar a los delegados separados de sus cargos.

Estas líneas vienen a cuento de la nota publicada en el “El Cronista” (14.04.11, pág. 17), titulada “Conflicto del Colón: Posibilidades para resolverlo”, cuya tesis radicaba justamente en que la resolución del conflicto llegaría de la mano de la Justicia, si ésta receptara la petición de Macri y condenara a los trabajadores a resarcir al Gobierno por los eventuales daños económicos producidos por la huelga.

Como se advierte, esta pretensión supone invertir la lógica: en vez de abordar las causas del conflicto e intentar resolverlo en el marco de la negociación colectiva, se pretende atacar las consecuencias, y de la peor manera, ya que lo único que se logró con todo ello en este caso fue enardecer el conflicto.

Por el contrario, sólo se apaciguó relativamente la situación cuando las partes revieron las medidas para sentarse a negociar una solución de fondo a los problemas y reclamos de los trabajadores del Teatro Colón.

Lógicamente no sabemos cómo terminará este conflicto gremial, pero está claro que finalmente ha tomado el mejor camino: la negociación colectiva.

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