La libertad sindical bloqueada
Martes 29 de marzo de 2011, por Daniel Klocker *
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Clarín del lunes 28 de marzo: tapa blanca, nada original por cierto porque ya lo hizo Página 12 en agosto de 1989 para cuestionar la noticia de los decretos de indultos a los genocidas que había firmado Carlos Saúl Menem.

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* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba

¿Y tapa blanca por qué? para “victimizarse” por la protesta que un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), acompañados por familiares, realizaron el sábado una protesta frente a la planta de distribución del matutino.

Cómo siempre, en estos casos, el monopolio salió rápidamente a buscar responsables (Hugo Moyano y el gobierno nacional), cuando en realidad la protesta de los trabajadores de AGR era para denunciar “persecución sindical” por la parte de la empresa.

En su reclamo, los gremialistas denuncian falta de “libertad sindical”, quita de horas extras, suspensiones y la presencia de patovicas (cualquier similitud con lo que pasa en La Voz del Interior no es pura coincidencia) para evitar la actividad gremial dentro de la empresa.

“Decidimos hacer esta medida para mandar un mensaje contundente al directorio del diario. Un medio de comunicación no se puede escudar atrás de la libertad de expresión para vulnerar derechos laborales”, aseguró Luis Siri, uno de los delegados de AGR.

Clarín confunde deliberadamente un conflicto laboral con un ataque a la libertad de prensa y cree que está exento de cumplir con la legislación argentina en materia de representación sindical en todas sus empresas.

Este conflicto viene de mucho tiempo atrás y está vinculado al incumplimiento de la empresa en respetar los principios básicos de la libertad sindical, con otro antecedente como el de Ricardo “Padrecito” Junghanns y Marcelo “Toba” Moreira, delegados despedidos de Canal 13, que la justicia ordenó su reinstalación, pero Clarín desconoce la medida.

La protesta de los trabajadores de AGR no fue un bloqueo, sino un contundente reclamo que la empresa –perversamente- aprovechó para utilizarla como un ataque a la libertad de expresión, con el “visto bueno” de los principales referentes de los partidos de la oposición.

Clarín denomina defensa de la libertad de expresión a la defensa de sus intereses económicos y de los grupos de poder que -por ejemplo- abiertamente apoyó en 2008 cuando el "campo" realizó durante tres meses un lock-out patronal, con cortes de rutas.

Han pasado tres años de esa protesta y ahora Clarín dice que el reclamo de los trabajadores de AGR “viola el fallo que ordena no cercenar la libre circulación de medios impresos”, pero nada dice de como viola sistemáticamente los derechos de sus trabajadores.

En este análisis bien vale recordar lo ocurrido el 29 de junio de 2007 cuando el Cispren realizó una protesta de cuatro horas por reclamos salariales frente a la sede de los matutinos La Voz del Interior y Día a Día (ambos propiedad del Grupo Clarín) lo que motivó posteriormente la rápida imputación de cuatro dirigentes del gremio por parte del fiscal Javier Pradaude.

El funcionario imputó a los cuatro miembros del sindicato por la presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que “establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años a quien sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

Más de un año después, el mismo fiscal solicitó el sobreseimiento de los imputados y el 18 de diciembre de 2008 el juez Control N° 3 de Córdoba, Luis Miguel Nasiz resolvió absolver de culpa y cargo a los cuatro integrantes del gremio, aunque quedó pendiente la resolución el pedido de la tutela sindical de tres dirigentes.

Tardíamente, aunque tratándose de la Justicia no es ninguna novedad, Pradaude entendió “que no existió hecho punible alguno, por lo cual desapareció cualquier otra instancia en la investigación que refiera a la culpabilidad, la antijuricidad o al factor subjetivo de los imputados”.

La base material de la resolución del fiscal hace referencia a una doctrina de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, que hace alusión a la apreciación sobre si las protestas sociales pueden ser captadas o no por estos tipos delictivos tales como el que se pretendía imputar en este caso.

Zaffaroni sostiene que “la protesta social es un derecho que no puede ser criminalizado” y asegura que “es absolutamente aberrante la tarea de rastrillaje de los códigos para encontrar tipos penales a los cuales embutir a la fuerza conductas de protesta social”.

A casi cuarto años de aquel hecho, en los medios cordobeses propiedad del Grupo Clarín (La Voz del Interior, Día a Día, Canal 12 y Radio Mitre), nada ha cambiado porque sigue la política del apriete a sus trabajadores y la permanente manipulación para dilatar la negociación paritaria.

Esta prepotente actitud patronal, como en el caso del bloqueo de la libertad sindical en Clarín, también es un ataque al derecho de los trabajadores de poder expresarse y de cobrar salarios dignos.

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