Metas de la CTA Santa Cruz
Jueves 3 de marzo de 2011, por Alejandro Garzón *
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La Comisión Ejecutiva de la Central de los Trabajadores de la Argentina - Santa Cruz, a la luz del análisis de la situación gremial, política y social de la región, quiere hacer conocer a la comunidad santacruceña los posicionamientos, ejes de trabajo y de lucha que conforman la preocupación de un conjunto importante de asalariados de la provincia.

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* Secretario General de la CTA Santa Cruz

En el aspecto salarial, ratificamos el reclamo de la CTA Nacional de un incremento salarial que debe tener como piso el 35% para todos los sectores (privados y estatales) y sin techo, y respaldamos los porcentajes que cada sector decida reclamar en negociación paritaria en función de la decisión democrática de sus bases.

Para la definición de esa y otras cuestiones que hacen a la dignidad y condiciones laborales, exigimos la inmediata apertura de paritarias para todos los sectores, propiciando la apertura de convenios colectivos de trabajo que aseguren estabilidad laboral, salarial, concursos de cargos y de las condiciones que como trabajadores debemos contar para desarrollar nuestra labor en un ambiente armónico y productivo.

Igualmente proponemos la creación y funcionamiento de un Consejo del Salario de Santa Cruz, en el que los actores sociales e institucionales analicen, discutan y determinen las necesidades de los trabajadores santacruceños, y establezcan pautas salariales acordes a dichas necesidades y a la evolución de la productividad económica.

También creemos imperioso exigir la inmediata eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios por cuanto consideramos que el producto de nuestro trabajo no puede ni debe ser considerado una ganancia o elemento de inversión, mucho menos con los valores que rigen para la adquisición de la canasta básica familiar, sobre todo en Santa Cruz. Es a todas luces justo advertir que mientras el salario es gravado por un impuesto por otro lado el Gobierno Nacional se prorroga la quita de los aportes patronales que los empresarios deben realizar, hecho instalado en la década de los años 90. Esta línea de financiamiento del Estado representa una continuación de las políticas neoliberales que tanto se critican desde lo discursivo, pero que no se duda en seguir aplicando a la hora de recaudar, a costa de un mayor esfuerzo de los trabajadores.

Repudiamos el trabajo infantil y la flexibilización laboral en todos los sectores y bajo todas las formas abiertas o disimuladas en las que se la pone en práctica.

Por último reclamamos el efectivo ejercicio de la libertad de asociación sindical, el otorgamiento de la personería gremial a nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, y repudiamos toda acción que lo impida, más aún cuando ésta proviene desde el Estado, en algunos casos en connivencia con dirigencias gremiales complacientes con el poder.

En el año de la Seguridad Social, impulsamos la aplicación del Convenio 102 de la OIT por cuanto éste prevé derechos sociables irrenunciables que protegen la calidad de vida de una parte importante de nuestra comunidad.

Asimismo y en igual sentido, ratificamos el derecho a la posesión de la tierra para el desarrollo personal, familiar, y como una garantía de crecimiento social y cultural. En consecuencia, creemos necesarios adoptar una política seria que priorice el otorgamiento de terrenos a quien más lo necesita, dejando de lado el criterio mercantilista que distorsiona esta cuestión cuando vemos que grandes extensiones de suelo están concentrados en manos de unos pocos para permitirles la realización de grandes negocios inmobiliario. Sostenemos, en cambio, que se adopte el criterio de igualdad de oportunidades en beneficio de una gran porción de la sociedad que así lo reclama enfrentado el vínculo entre concentración económica y acceso a la propiedad.

En relación a esta acuciante cuestión social consideramos necesaria la declaración de la emergencia habitacional, y si fuere necesario la revisión o modificación de la metodología que se utiliza para establecer el otorgamiento de viviendas construidas por el Estado, de modo que se garantice realmente el derecho de acceder a una vivienda digna a todos aquellos que padecen situación de desamparo laboral, social y cultural.

Sin lugar a dudas que garantizar ese derecho exige el cumplimiento de las leyes de integración y garantía de los derechos de las minorías, los pueblos originarios, los hombres y mujeres con capacidades diferentes que hoy en el país, y principalmente en Santa Cruz sufren situaciones de desamparo cotidianamente.

Además, exigimos y no claudicamos del el 82% móvil para todos los jubilados y pensionados del país, por lo que repudiamos la reforma de la ley previsional de la provincia de Santa Cruz sancionada en el mes de diciembre de 2010 por la Legislatura provincial. Normativa que ha sido una consecuencia de la inoperancia de una clase política que no tiene la capacidad o la imaginación para encontrar soluciones que no atenten contra los derechos de los trabajadores, y que, en un plano democrático, tampoco rinde cuentas claras, porque se agiorna a un sistema perverso que garantiza impunidad a todos aquellos funcionarios públicos que no cumplen con sus obligaciones.

Propiciamos y reclamamos la recuperación por parte del Estado de la soberanía sobre los recursos naturales de todos los santacruceños, involucrándose directamente en la explotación de los mismos en salvaguarda de los intereses ecológicos de la región; la calidad de vida de los hombres, mujeres y niños que habiten en suelo santacruceño; y para que los beneficios económicos se traduzcan en una mejora en un progreso real en lo social y educativo para los habitantes de la provincia.

En ese marco, queda claro que bregamos por el crecimiento de nuestra comunidad en los aspectos básicos más importantes, y sostenemos que para ello es imprescindible revertir la direccionalidad de las decisiones de las políticas económicas que lo que más ha alentado es el enriquecimiento de las empresas privadas (nacionales o extranjeras) mediante la explotación expoliadora de los recursos naturales de todos los santacruceños.

La Comisión Ejecutiva de la CTA Santa Cruz y todos los representantes que integran esta conducción nos comprometemos a impulsar proyectos tendentes a disminuir, de manera fehaciente, las carencias de nuestra comunidad, y llevar a cabo acciones y proyectos dirigidos a defender los derechos humanos, sociales, culturales y laborales de los trabajadores con empleo o sin empleo con el fin de contribuir al movimiento político, social y cultural de superación de las desigualdades, en todas sus manifestaciones, como meta general de la CTA.

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