En qué consiste el último aumento para los trabajadores jubilados
Jueves 17 de febrero de 2011, por Marcos Wolman *
Enviar la referencia de este documento por email Versión para imprimir de este documento

Las altas tasas de crecimiento en la economía de nuestro país, en las condiciones de un mundo demandante de nuestros productos y potencialidades y la continuidad del fenómeno de la pobreza, pone en evidencia la contradicción entre crecimiento y distribución de la riqueza.

Compartir este articulo:

* Secretario de Previsión Social de la CTA Capital Federal. Secretario General de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados

El crecimiento económico es acumulado por el capital más concentrado, centralizado y extranjerizado, dominante además, de los resortes fundamentales de nuestra economía. En el otro extremo, la situación estructural de empobrecimiento de gran parte de la población se mantiene.

La ecuación se complica con la dependencia de la Argentina del capitalismo global, inserto en la crisis profunda del sistema capitalista. Así, los centros de poder mundial, el imperialismo yanqui, las potencias imperialistas y el capital transnacional, descargan la crisis en pueblos y países denominados emergentes, en desarrollo, para asegurar su sistema de dominación.

Esa crisis del sistema capitalista mundial, de la cual somos parte, expresa con fuerza incontrastable la contradicción fundamental del sistema, entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. No hay duda que la variable de ajuste es el salario de los trabajadores activos, las jubilaciones y pensiones y sus consecuencias: los índices de pobreza, indigencia y desocupación en etapa de crecimiento económico; la limitación en las inversiones en salud, educación, vivienda, entre otros; todo ello agudizado por la inflación producida por quienes detentan el poder económico, el poder real, con el objetivo de optimizar sus ganancias.

En este contexto la Seguridad Social, que es un derecho constitucional en la Argentina, que establece la responsabilidad integral e irrenunciable del Estado, está profundamente vulnerada y es parte constitutiva de la desigualdad social.

Las políticas neoliberales que dieron lugar al Golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976 y desarrolladas en la década del 90, siguen manteniendo lo fundamental de la estructura económica impuesta por el poder dominante vigente. Algunas mejoras parciales en el orden social son producto de las luchas acumuladas que tuvieron su máxima expresión en el 2001 y son parte del programa de reivindicaciones que permanentemente impulsa el movimiento obrero y popular.

Es por eso que afirmamos que la Seguridad Social, como reivindicación popular, especialmente del movimiento de jubilados y asumida por la CTA, hoy es producto del desarrollo histórico de la lucha de clases. La lucha por defender este derecho humano fundamental y profundizarlo forma parte del combate por transformar la sociedad y el sistema capitalista hacia una sociedad de cooperación, solidaridad y no explotación. Ello requiere la generación de una fuerza política alternativa para gestar un nuevo proyecto de país anti capitalista, en la perspectiva de búsqueda liberadora de otros países de la región latinoamericana.

Con estas consideraciones es necesario hacer la interpretación del significado del aumento de las jubilaciones a partir de marzo. Este aumento surge de la aplicación de la Ley 26417 del 2008. Es una Ley que el gobierno le puso el nombre de “movilidad”, siendo su antítesis, y que se inspira en una larga lucha de la clase obrera, de los trabajadores activos y jubilados por la movilidad jubilatoria con relación al cargo de los trabajadores activos.

La “movilidad” oficial es resultado de una fórmula de actualización, establecida en una Ley que fue rechazada en las Comisiones respectivas del Congreso por las organizaciones de jubilados de todo el país, oportunamente convocados para su debate. Esas organizaciones presentamos propuestas alternativas, acompañadas de importantes movilizaciones de la CTA. Nada de ello fue tenido en cuenta y por eso desde la CTA continuamos con nuestra lucha por el 82% móvil y la democratización política del país, para que se escuche la voz del pueblo.

Desde la CTA presentamos ante el Poder Judicial una “Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” fundamentado entre otros argumentos que:

- No plantea la jubilación con el carácter sustitutivo del salario.

- No plantea la recuperación de los atrasos en los haberes jubilatorios entre el 1 de abril del 1991 y el 7 de enero del 2002 y la generalización de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Badaro, Sánchez y otros que debiera ser la base para el cálculo.

- No modifica la ruptura de proporcionalidad con el salario del trabajador activo ni el achatamiento de las escalas.

Fundamentamos que esta Ley es violatoria del art. 14 bis y de los Tratados Internacionales.

El sujeto de esta Ley son los jubilados y pensionados que durante 30, 40 y más años aportaron a la Seguridad Social una parte del salario diferido para cubrir las jubilaciones vigentes con el principio de solidaridad intergeneracional y asegurar sus futuras jubilaciones. Los recursos necesarios se completan con aportes que dan lugar a las contribuciones patronales y recursos del Estado para cumplir con su responsabilidad constitucional.

Hoy, con el achatamiento de las escalas de ingresos previsionales, el 76% de los jubilados cobra el haber mínimo que con el aumento a partir de marzo significa $39,70 por día, o sea $1190,95 netos por mes, para cubrir todas las necesidades: alimentación, vivienda, salud, medicamentos, esparcimiento y necesidades inherentes a esta etapa de la vida. No son necesarios más elementos numéricos para entender la realidad. Un despliegue de valoración del Gobierno, sobre la importancia de esta actualización y otras anteriores, comparando con el pasado, sin analizar lo concreto de cada etapa no aportan a la demanda por el ingreso, el 82% móvil que reclama el movimiento de trabajadores, especialmente los pasivos.

El argumento del gobierno es la sustentabilidad del sistema previsional. Nosotros sostenemos que la sustentabilidad no es un criterio económico financiero, sino un tema esencialmente político, que tiene que ver con el modelo de país.

Las luchas de décadas de los trabajadores y jubilados contra el negociado de las AFJP (1994-2008) dieron sus frutos con la Ley 26425 del 2008, que puso fin a las AFJP y restableció la existencia de un único Sistema Integrado Previsional Argentino de carácter estatal. Saludamos este importante logro, señalando que dejó ausente un aspecto fundamental, que hoy toman en cuenta en las luchas similares en América Latina y otros países, el que los fondos de la Seguridad Social deben ser dirigidos y administrados por los interesados en un ente público no estatal con autonomía económica y financiera como surge del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Es parte de nuestra lucha por la democratización de la sociedad argentina.

¿Qué pasa con los fondos de ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Son recursos que debieran ser dirigidos y administrados por los representantes de trabajadores activos y jubilados con participación del Estado, hoy son utilizados arbitrariamente como auxiliar de rentas del Estado para cubrir otras necesidades. Estos fondos deben contemplar las necesidades de actualización de la histórica deuda con uno de los sectores vulnerables, que en esta etapa de la vida significa injustos sufrimientos y muertes prematuras. La sustentabilidad de la Seguridad Social es necesaria y es posible.

Entre otras medidas se requiere:

* Restablecer las contribuciones patronales, que paguen lo que le corresponde y terminar con este subsidio iniciado en el menemismo, reduciéndolo con el argumento falaz de evitar despidos, que sigue vigente, actualizado por un Decreto del Poder Ejecutivo de enero de 2011 que lo prolonga durante todo este año.

* Terminar con el trabajador no registrado de alrededor del 40% del trabajo en relación de dependencia.

* Producir una profunda reforma tributaria para que paguen los que más ganen con impuestos directos y no con el IVA, que pagan los sectores más empobrecidos en igualdad con los más enriquecidos.

* La nacionalización de los recursos estratégicos, petróleo, minería, comunicaciones, la banca, comercio exterior, entre otros, para disponer de las ganancias extraordinarias que hoy se apropian las multinacionales que explotan nuestros recursos.

* Investigar la Deuda Externa, No pago de la deuda ilegítima y fraudulenta. Destinar esos fondos como corresponde, a la Seguridad Social y a cubrir la urgente deuda interna con los sectores sociales más vulnerables.

Hoy, es fundamental que las organizaciones sindicales, sociales, territoriales de la CTA incorporemos la necesidad de la derogación de las leyes vigentes de la década del 90: leyes 24241 y 24463, que no solo perjudica a los jubilados actuales sino que su aplicación hace que cada nuevo jubilado cobre menos de la mitad de su sueldo, y supeditado a las actualizaciones vigentes.

Por todo ello y como síntesis hemos presentado un Proyecto de Ley elaborado en la CTA y presentado con la firma de 13 Diputados Nacionales (expediente 1418/2010) que contempla todos los aspectos que consideramos debe contener una nueva Ley de Previsión Social. En definitiva, impulsamos la lucha por la “seguridad y la previsión social” como parte integrante de la disputa por cada una de las reivindicaciones populares.

Es un camino imprescindible para la construcción del proyecto estratégico de la CTA. Un sendero que lo venimos construyendo en la iniciativa por una Constituyente Social para avanzar hacia la construcción de un Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación.

sitio desarrollado en SPIP