¿Quién tiene que protegerse de quién?
Martes 15 de febrero de 2011, por Hugo Blasco *
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El 13 de febrero un joven fue asesinado alevosamente por un policía en la ciudad de Baradero. La información dice que el chico fue baleado por el uniformado con proyectiles letales de una escopeta Itaca.

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* Secretario de Derechos Humanos de la CTA

El autor del crimen está detenido y el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires reconoció los hechos que dieron muerte a Lucas, de 19 años.

El personaje tiene sumarios iniciados en la propia institución policial por amenazas con armas. Hasta ahí el escueto relato.

Ahora vienen los interrogantes: ¿qué movilizó al asesino a actuar así?; ¿se trata de un sicópata? Y en tal caso ¿cómo puede revistar en una fuerza de seguridad y encima armado?, ¿estaba alcoholizado o bajo los efectos de drogas?, ¿es la consecuencia de sentirse impune?, ¿es una mezcla de todo eso?.

Hace pocos días atrás la Policía asesinó a dos chicos en la villa La Cárcova y cuando aún se sienten los ecos de tremenda tragedia aparece este hecho que involucra nuevamente a un policía de la Bonaerense.

En estos tiempos se habla y discute mucho sobre “la seguridad” proponiendo más policías con más armamento, leyes penales más duras y por otro lado desde varios sectores políticos y sociales se plantea bajar la edad de imputabilidad de los niños en conflicto con la ley.

Sin embargo lo que realmente se impone es discutir una política criminal para la Provincia de Buenos Aires que contemple una real y eficaz prevención del delito y de una acción represiva de la Policía que sea eficiente y respetuosa de la Constitución, las leyes y especialmente de los derechos humanos.

En ese sentido cobra una importancia fundamental el accionar de la Policía como institución estatal y obviamente la calidad de sus integrantes.

Hemos llegado a un punto donde los gobernantes no tienen ya margen para hacerse los distraídos y mucho menos para recurrir a declaraciones de pesar hacia los familiares de las víctimas y prometer “llegar hasta las últimas consecuencias”.

Los bonaerenses somos víctimas recurrentes de un accionar policial muchas veces corrupto y criminal y cobra entonces sentido que nos preguntemos “¿Quién tiene que protegerse de quién? Si no es la Policía la que nos procura protección, si estamos a expensas de personajes armados que en cualquier momento causan una tragedia, podemos asegurar que como sociedad estamos en muy serios problemas.

El gobernador Sciolí y su ministro de Seguridad tienen la obligación de dar las respuestas del caso que no pasan por los pésames y las caras compungidas de ocasión sino en lograr que la Policía sea la fuerza civil armada al servicio de todos los habitantes de la Provincia. Tampoco resulta casual que las víctimas de estos crímenes sean mayoritariamente jóvenes y pobres.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina repudiamos este crimen, nos solidarizamos con la familia de Lucas y exigimos rápida justicia y la implementación de políticas estatales que hagan de la Policía bonaerense una digna institución de la democracia.

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