La oleada neoliberal de los ‘90 demolió la legislación protectoria del Derecho del Trabajo y alentó el trabajo informal, con lo cual no sólo se comete un fraude laboral sino que también se está lastimando la autoestima de quien no tendrá jubilación, obra social, aguinaldo y vacaciones.

La Asamblea del año XIII eliminó la esclavitud en la Argentina. Sin embargo, y pese al crecimiento sostenido de la economía, persiste en el universo laboral esta forma de esclavitud más sutil pero igualmente humillante.

El trabajo en negro ahonda la catástrofe social. Su vigencia en el tiempo está directamente vinculada con la falta de libertad y democracia sindical. El trabajo chatarra existe en tanto y en cuanto se sigue sin reconocer a los trabajadores el derecho a organizarse según su leal saber y entender.

Esa legión de trabajadores precarizados –fundamentalmente los jóvenes- está buscando canales organizativos de nuevo tipo. Son los desaparecidos civiles. No figuran en ninguna base de datos, muchos no tienen documentos, cobertura médica, ni asistencia social.

El fraude laboral es ejercido por las patronales al amparo de un sistema que los protege. El Estado -Nacional, Provincial o Municipal- es uno de los principales precarizadores. Miles de trabajadores revisten como empleados públicos a través de formas de contratación peyorativas y flexibilizadoras.

La lucha por trabajo y salarios dignos es estratégica.

No existe democracia y libertad sin justicia social.

Sin justicia no hay paz.