El fallo justo de la Sagrada Familia
Sábado 15 de enero de 2011, por Hernán Vaca Naarvaja *
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“Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba; después, con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros 50 prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor”.

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* Periodista. Director de la revista El Sur de Río Cuarto, Córdoba

Esto escribió Rodolfo Walsh a un año del golpe militar del 24 de marzo de 1976, en su célebre Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, calificada por Gabriel García Márquez de “la obra maestra del periodismo universal”.

En aquella carta, escrita hace casi 34 años, leí por primera vez el nombre de mi padre escrito en letras de molde. Yo era un adolescente que regresaba a un país desconocido luego de haber crecido en México, en el forzoso exilio en el que debió embarcarse la familia para salvar el pellejo. En menos de seis meses, habíamos padecido la detención de mi padre y el secuestro de mi abuelo.

En una conmovedora parábola familiar, 34 años después de aquellos crímenes, mi hermano Miguel Hugo Vaca Narvaja (n) –que por ser el primogénito heredó el nombre de mi padre y de mi abuelo– acompañó a María Elba Martínez como querellante en el juicio a Jorge Rafael Videla y a otros 30 represores.

Teníamos la sana ilusión de que mi hermano, con la Constitución en la mano, lograra que la Justicia de Córdoba condenara a los asesinos de nuestro padre y nuestro abuelo. A la investigación de Rodolfo Walsh se fueron sumando testimonios que permitieron reconstruir cómo fue el fusilamiento de mi padre, tan distante de la versión del “intento de fuga” que difundió el comando del Tercer Cuerpo de Ejército y transcribieron los diarios del 13 de agosto de 1976. En el libro de la Conadep-Córdoba, leí por primera vez el testimonio de Eduardo de Breuil, único sobreviviente del fusilamiento de mi padre, de Higinio Toranzo y de su propio hermano, Gustavo Adolfo de Breuil.

Como en Operación Masacre, también aquí había un “fusilado que vive”. Pero había aun más: por orden del director de la cárcel, el teniente Osvaldo César Quiroga había firmado un recibo oficial que certificaba el “traslado”. El círculo cerró, impecable, perfecto.

Pese a la contundencia de las pruebas, las leyes de impunidad de Alfonsín y los indultos de Menem consagraron la impunidad. El fusilamiento de mi padre siempre fue considerado –salvando los alevosos crímenes de Moukarzel y Bauducco, cometidos a la vista de todos los internos–, el caso con mayor carga probatoria sobre la aplicación de la ley de fuga en Córdoba. Era, además, un crimen emblemático; haber dejado un sobreviviente para que relatara los fusilamientos fue una muestra brutal de impunidad y prepotencia asesina.

Pruebas del crimen

“Cuando el pelotón militar se presentó a retirar a los detenidos, se negaron a entregárselos sin un recibo, pese a que la orden tenía la firma y el sello de (el general Juan Bautista) Sasiaíñ. Ése es el origen del extraordinario documento que se reproduce en esta página y en la portada de esta edición, donde consta de puño y letra de Quiroga el retiro de los detenidos que poco después serían fusilados, en lo que el Comando del Tercer Cuerpo presentó entonces como un intento de fuga al romperse la dirección del vehículo militar”, reseñó el periodista Horacio Verbitsky en 1987 en el semanario El Periodista.

Ese “extraordinario documento” no alcanzó, sin embargo, para que el tribunal integrado por Jaime Díaz Gavier, José María Pérez Villalobos y Carlos Lascano condenara a Quiroga. Tampoco el testimonio del sobreviviente de la matanza, que siempre repitió la misma historia, incluyendo la presencia del oficial Francisco Pablo D’Aloia en la escena del crimen.

Quiroga y D’Aloia estuvieron en el banquillo de los acusados durante los seis meses de audiencias. Ninguno se arrepintió de nada. Se autoproclamaron héroes de Malvinas y descalificaron a los testigos, en sintonía con la estrategia del resto de los represores.

El fiscal Maximiliano Hairabedian pidió prisión perpetua para Quiroga, aunque solicitó –conmovido por sus lágrimas– la absolución de D’Aloia. Al absolver a los militares Quiroga y D’Aloia, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba deja impune el caso más emblemático de la Unidad Penitenciaria 1; el único fusilamiento que tuvo un sobreviviente; el único “traslado” que quedó documentado.

Para decirlo con todas las letras: la absolución es una aberración jurídica, que esperamos sea corregida en la apelación correspondiente. Pero más allá de los vericuetos judiciales, la pregunta que me quita el sueño es por qué el tribunal dejó absueltos a los acusados de haber asesinado a mi padre y aplicó severas condenas, aun con menos pruebas, en los otros casos examinados.

¿Será posible que mi padre haya sido, 34 años después de fusilado, el chivo expiatorio que permitió equilibrar la balanza a una Justicia que –quedó probado en este proceso– ha sido siempre complaciente con el poder de turno?

Esperaba, al igual que el resto de mi familia, una condena categórica para el hombre que se llevó a mi padre rumbo a la muerte

Comparto la lucha de los organismos de derechos humanos y celebro las duras condenas impartidas a Videla, Menéndez, Yanicelli y demás represores. Pero no puedo sumarme al coro que aplaude por estos días una condena políticamente correcta dictada por la Sagrada Familia judicial de Córdoba. Porque detrás de esa condena ejemplar se esconde una gran injusticia.

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