La Presidenta debe poner un límite
Viernes 13 de abril de 2012, por Hugo Godoy *
Enviar la referencia de este documento por email Versión para imprimir de este documento

En la mañana del martes 10 de abril los argentinos nos desayunamos con una noticia que quizás no haya tenido aún la difusión que la gravedad del tema merece. Durante la madrugada fueron atentados los domicilios de dos dirigentes trabajadores docentes de la provincia de Catamarca, cuyos frentes de hogares fueron agredidos con neumáticos quemados, con guardapolvos incendiados, con pintadas que decían “con la democracia no se jode, sos boleta”.

Compartir este articulo:

* Secretario General ATE Nacional y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma.

Son los hogares de dos trabajadores docentes de Catamarca, Olga Ponce de León y Pablo Pinella, que son los principales líderes de un masivo conflicto que los trabajadores de este sector de la educación argentina vienen desarrollando desde hace más de un mes, en reclamo de aumentos salariales. Y ante el silencio y la falta de respuesta, por lo menos explícita, de parte del gobierno que un mes atrás firmó un acuerdo de insignificantes aumentos con los dirigentes del gremio docente, el cual ha sido rechazado masivamente por los trabajadores.

Este atentado tiene una gravedad extrema, porque no sucede en un país cualquiera en un tiempo cualquiera. Argentina vive un tiempo donde los conflictos sociales tienden a generalizarse y la respuesta no puede ser ni el agravio, ni la descalificación, ni mucho menos el atentado cobarde ante los hogares o ante las personas que expresan estas legítimas demandas.

Porque además en la Argentina, entre el mes de julio de 2010 y fines de 2011, se produjeron 18 asesinatos, todos ellos en el marco de legítimas demandas populares, por tierra, en rechazo al gatillo fácil… y en gran parte de ellos no solamente intervinieron fuerzas policiales provinciales, sino fuerzas parapoliciales, matones, grupos de seguridad privada. Estos hechos están indicando que hay, como dijimos en su momento, permiso para matar. Y a ese permiso para matar se le debe poner un límite.

Tuve oportunidad de conocer personalmente a Olga, Pablo y otros dirigentes docentes de Catamarca, cuando viajé a esa provincia para ser parte de un debate convocado por nuestra Central de Trabajadores de la Argentina en torno a la problemática de la megaminería, el saqueo y la contaminación que ésta genera. Fue allí que los conocí, al mismo tiempo que nos solidarizábamos con los trabajadores y con el pueblo de Andalgalá, como llegué a tomar contacto con estos docentes que en ese momento ya llevaban su cuarta semana de paro y se debatían en torno a cómo continuar para poder encontrar las respuestas que de parte del gobierno aún no habían aparecido, y querían ser ilegalizados.

Me sorprendió la decisión y la masividad de estos docentes en lucha de una provincia cuyos habitantes a primera imagen son tranquilos, pacientes… sin embargo esa tranquilidad y esa paciencia estaban alteradas por prácticamente el insulto que había significado que se firme un acuerdo de aumento de sueldo del 11%, cuando todos sabemos lo que significa el aumento del costo de vida y los salarios miserables que cobran los trabajadores docentes en esa provincia. Por eso es que conocerlos me permitió llenarme de satisfacción, de confianza, de fuerza, la misma que me transmitieron los jóvenes que impedían el paso de los camiones en Bajo la Alumbrera en Andalgalá.

Por eso este atentado merece la mayor de las solidaridades de parte de todas nuestras organizaciones, de todos los trabajadores y de todo el pueblo argentino, y no tengo ninguna duda de que quien debería con mayor responsabilidad repudiarlos es el máximo nivel presidencial. Porque quizás alguien pueda pensar que este tipo de actos de intolerancia está alentado por los agravios y descalificaciones que surgieron en su momento desde ese lugar hacia los trabajadores docentes y sus legítimos reclamos. Y por lo tanto es desde ese mismo máximo nivel donde debería surgir el repudio a este cobarde y criminal atentado. Se los agravió mintiendo sobre la significación de sus tareas y sus trabajos, y sabemos que en un país convulsionado por las legítimas demandas sociales, una chispa enciende la pradera.

En un país donde hace muy poquito tiempo atrás, en un año y medio fueron asesinadas 18 personas, no cabe ninguna duda de que no se puede permitir ningún acto de intolerancia y de cobarde atentado sobre quienes lo único que hacen es ejercer sus legítimos reclamos de salarios, y de organizarse sindicalmente con absoluta libertad y democracia.

Estamos diciendo esto un 10 de abril. Cinco días atrás, el 4 de abril, se conmemoró el quinto aniversario del asesinato del trabajador docente Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén. Un asesinato que todavía tiene impunes a los responsables políticos. Pero un asesinato que movilizó, particularmente en Neuquén y diversos lugares del país, importantísimas movilizaciones y homenajes, porque nuestro pueblo no va a permitir que esta impunidad se extienda en el tiempo. Porque fundamentalmente es esa impunidad la que encubre este tipo intolerancias y actos violentos como los que se acaban de producir en la provincia de Catamarca.

Por Carlos Fuentealba, por los 18 asesinados entre 2010 y 2011, estos atentados en los domicilios de Olga Ponce de León y Pablo Pinella, trabajadores docentes de la provincia de Catamarca, deben ser y son repudiados por la mayor parte del pueblo argentino, los trabajadores en primer lugar. Deberían recibir también el repudio de la Presidenta de la Nación, porque los argentinos no queremos, no vamos a permitir, que de nuevo la intolerancia, el agravio, la violencia, sea la que intente ponerle límite a las justas demandas de nuestro pueblo.

sitio desarrollado en SPIP