Significa un pequeño avance en la desigualdad tributaria que hay en nuestro país. Los que reniegan son los mismos que dolarizaron las tarifas de gas y luz, los que endeudaron al país un 90% del PBI (Producto Bruto interno), en definitiva los que quisieron achicar el Estado, privatizar la Salud y desregular el Trabajo.

Desde nuestras organizaciones apoyamos la creación de este impuesto, incluso bregamos para que sea permanente, pero en principio, estaremos ahí pendientes para que esos recursos se vuelquen a los sectores más golpeados por la pandemia, a las familias que no están pudiendo poner el pan en la mesa, para viviendas populares, para la compra de equipamiento sanitario en medio de esta pandemia, urbanizar lo barrios, apoyar a las PYMES y pequeños emprendimientos que redundará en más trabajo.

Apenas 9.000 personas están en condiciones de ser tocados por este impuesto, muchos de ellos fugaron durante mucho tiempo, acumularon riquezas a costa  de la dolarización de las tarifas durante el macrismo, o de la ley de Blanqueo, son los responsables, los tenedores de los bonos Argentinos, los que generaron la deuda  y los que la van a cobrar. Todos ellos serán tocados por este impuesto, que en principio es juticia social, por ello desde la CTAA y ATE Santa Cruz exigimos que la crisis la paguen los que la generaron.

Esperamos no encontrarnos con las cautelares y la complicidad del poder judicial para frenar la ejecución de esta ley una vez aprobada, que de una vez por todas jueces y fiscales se pongan del lado del pueblo y no del lado corporativo del poder real, del establishment, que no le tengan miedo al pueblo, y que los medios de comunicación cuyos dueños son alcanzados por este tributo, frenen con la  confusión y la defensa irrestricta de sus fortunas a través de comunicaciones falsas.