CTA Capital
Propuestas para el buen vivir en la Ciudad de Buenos Aires
Martes 18 de junio de 2019, por Corresponsalía Capital Federal *
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La CTA Capital elaboró un documento político a partir del proceso de creciente mercantilización de la ciudad de Buenos Aires. El cual consideran que consolida un modelo caracterizado por la privatización de lo público, el aumento de la construcción sin planificación urbana y la desregulación, falta de control y favores políticos para beneficio de los negocios privados.

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Como consecuencia de todo esto, la desigualdad en la Ciudad se profundiza día a día. El corte transversal que produce la Avenida Rivadavia no sólo se observa en que los ingresos de aquellxs que viven hacia la zona norte casi duplican a los que se perciben en la zona sur, sino también en el ejercicio pleno de los derechos a la salud, la educación, la vivienda, los espacios públicos y la seguridad. Pareciera que hemos naturalizado que -como en una paleta de colores- la calidad de vida se degrade a medida que nos acercamos al Riachuelo.

Las políticas urbanas neoliberales refuerzan la segregación social y espacial, porque estos rasgos son propios del funcionamiento del mercado. En esta misma lógica, la mercantilización de los servicios ya ha sido superada por la mercantilización de los derechos y de los espacios comunes: salud y educación de calidad están reservadas para quienes puedan pagarlos a través de pre-pagas y colegios privados. Quienes no, sufren los constantes recortes presupuestarios que ocurren en los hospitales, CeSACs, jardines y escuelas públicas. La iniciativa del 5×1 para unificar 5 hospitales en el predio del Hospital Muñiz es un ejemplo de esto, tal como las cada vez más insuficientes viandas de alimentos lo son en el ámbito de la educación.

Los espacios verdes son entregados para emprendimientos privados gastronómicos o cubiertos por cemento en favor de las empresas que lucran con la obra pública. La plaza, el pasto y el aire puro han pasado a ser un lujo en Buenos Aires. A pesar de que hoy la Ciudad dispone tan sólo de 6 mts2 de espacios verdes por habitante (cuando la OMS recomienda de 10 a 15 mts2), en diciembre de 2018 se aprobó un nuevo Código Urbanístico -a pesar de la oposición de todas las asambleas vecinales de la ciudad-, el cual profundizará la escasez actual ya que proyecta una Buenos Aires de 6 millones de personas pero no planifica la construcción de pulmones de naturaleza.

Hoy más que nunca, los trabajadores y trabajadoras somos víctimas de un proceso de “expulsión de clase”, ya que está claro que los sectores populares no están habilitados a vivir en la ciudad sino sólo a servir como mano de obra. Somos quienes reproducimos diariamente la riqueza de esta ciudad y quienes la sostenemos, pero no somos quienes discutimos su proyección en el tiempo, su planificación ni la distribución de esa riqueza.

Mientras la construcción de edificios ha crecido exponencialmente desde 2004, lo que no crece es la posibilidad de acceder a la vivienda digna, segura y de calidad y más de un tercio de la población de la Ciudad está condenada a perder la mitad de sus salarios en alquileres (tanto formales, como informales). Al mismo tiempo que la propiedad inmobiliaria se concentra en manos de capitales especulativos que “ahorran” en ladrillos, se hacinan cientos de miles de trabajadorxs en villas y asentamientos y otrxs miles deben mudarse al conurbano por no poder cubrir siquiera un alquiler allí. El proceso territorial del neoliberalismo urbano complementa a las políticas de precarización laboral, despidos, topes salariales e inflación que integran la ofensiva del capital contra la clase trabajadora.

Las políticas de mercantilización y sacrificio del suelo son la columna vertebral del desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires, contribuyendo al saqueo, la dependencia y la creciente desigualdad de nuestro país, pudiendo ubicar todo esto en igualdad de condiciones con la depredación del suelo, los recursos naturales y la destrucción de la naturaleza que las mineras, las petroleras o las empresas sojeras desarrollan en todo nuestro territorio con el objetivo de maximizar sus ganancias.

A la ciudad para pocos/as, debemos responder con mayor organización

La CTA Autónoma de Capital Federal tiene desarrollo en todo el territorio de la ciudad, debido a la diversidad de áreas en las que actúa. Por ese motivo, creemos que es posible afirmar que somos un espacio político con el derecho y la capacidad de ser un interlocutor válido ante el poder estatal para representar los intereses de la clase trabajadora.

No le huimos al debate político, sino que lo fomentamos para ampliar la organización. Del intercambio de ideas y razonamientos, surgen propuestas enriquecidas porque la discusión que se abre es cómo construir una Buenos Aires alternativa, digna de ser vivida, pensada desde y para las mayorías populares. Garantizar el Derecho a la Ciudad, desde la profundización de la democracia real y participativa para la construcción de poder popular. Al poder económico que ostenta una minoría y con el cual planifica y se apropia de los recursos y espacios de la Ciudad, se le debe contraponer un poder democrático que ponga freno y altere la correlación de fuerzas en favor de una redistribución equitativa de los mismos.

En un contexto de elecciones, asumimos el desafío de dar un salto cualitativo en nuestra organización y hemos convocado a nuestra militancia para debatir fraternalmente y desde las diversas identidades partidarias e ideológicas que nos cruzan. Desde la autonomía y la democracia, nos reconocemos como un espacio de discusión política en donde podemos encontrarnos quienes queremos defender y ampliar los derechos de la clase trabajadora. Por eso, nuestro horizonte fue el de construir una propuesta política que sintetice las necesidades y anhelos de la clase para vivir dignamente en la ciudad de Buenos Aires.

Apostamos al gobierno de cercanía y la implementación del presupuesto participativo, a la construcción y participación en las asambleas barriales que luchan contra la especulación inmobiliaria y la pérdida de espacios públicos. Creemos necesario profundizar la organización de lxs trabajadorxs para la defensa de aquellos derechos que garanticen una calidad de vida digna y pensar las ciudades como espacios de convivencia e interacción, de construcción colectiva para un desarrollo humano en armonía con la naturaleza. En esta línea, presentamos a continuación, encarnando las mejores tradiciones del movimiento social y sindical argentino, las Propuestas Para el Buen Vivir en la Ciudad. Lo hacemos desde una impronta sin duda preliminar, sobre la cual estamos dispuestos y dispuestas a construir canales de articulación con otras organizaciones para poder llevarlos adelante, con la convicción de que la profundización del debate participativo y fraterno nos permitirá enriquecer las mismas.

El país y el contexto social en el que debe estar inserta la Ciudad

Toda discusión sobre lo que ocurre en un distrito en particular, exige definir el escenario en que se enmarca, el cual comprende sin duda a las cuestiones sociales y del contexto nacional. Esto es doblemente necesario cuando el distrito del que se trata es la Ciudad de Buenos Aires, sede de los tres poderes nacionales, caja de resonancia de las disputas sociales que envuelven al país todo y distrito con el mayor presupuesto de la Argentina. Todo esto se reflejó en los debates entre compañeros y compañeras, donde se estableció que:

La CTA-A Capital propugna la nacionalización de los Servicios Públicos con control de lxs trabajadorxs. A su vez, exige la detención del desfinanciamiento del Estado (Fondo de Garantía y Sustentabilidad, aportes patronales, evasión de empresarios), así como la revisión y discusión sobre el sistema impositivo y la Ley de entidades financieras vigente, para asegurar el rol social de la banca pública.

Con respecto al trabajo y la política salarial, deberán garantizarse paritarias libres sin techo y establecerse el Salario Mínimo, Vital y Móvil igual a la Canasta Básica oficial para todos los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, exigimos la suspensión de todos los despidos, tanto en el ámbito público como privado.

Se hace además imprescindible la defensa de la Soberanía Nacional, tanto en materia territorial como industrial e intelectual. Por eso, reivindicamos la integridad del suelo argentino, exigimos la reactivación de la Industria Nacional y la protección y fomento a la comunidad científico-técnica nacional.

Por último, rechazamos la deuda externa por ser ilegítima e ilegal y exigimos la suspensión de su pago hasta tanto no se realice una auditoría que determine qué corresponde pagar y qué no. La deuda es con la clase trabajadora, que se desangra día a día mientras un sector minúsculo de la sociedad se lleva las riquezas al exterior.

El Trabajo en la Ciudad

A pesar de ser la única Central de trabajadores y trabajadoras con ámbito exclusivo en la Ciudad, la CTA-A Capital no cuenta actualmente con un interlocutor estatal válido en su ámbito de actuación, como sucede en cualquier jurisdicción de los gobiernos provinciales. Por este motivo, reclamamos imperativamente la creación de ámbitos de debate para los temas de la Central, en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

A fines de 2018 casi el 8% de la población de la ciudad de Buenos Aires se encontraba desocupada. Al mismo tiempo, el 72% de los puestos laborales giraban en torno a la producción de servicios. Por supuesto, la masa laboral que se desempeña en estos sectores no es exclusiva de la ciudad sino que se compone también por decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que ingresan diariamente para producir aquí las increíbles riquezas que caracterizan a Buenos Aires.

Por este motivo, creemos que es necesario proteger las fuentes laborales existentes teniendo en especial consideración la profundización del control de las condiciones de salud, higiene y seguridad en los espacios de trabajo -porque trabajar no debe ser un peligro- y diseñar políticas para la generación de empleos dignos y de calidad de cara al futuro, principalmente en el rubro de los servicios, así como la contratación de cooperativas.

En este marco, proponemos el desarrollo de políticas públicas contra el empleo no registrado y a favor de la regularización del trabajo ambulante, porque trabajar no es un delito y debe ponerse fin a la criminalización de la venta ambulante. Para lxs trabajadorxs con Salario Social se debe aprovechar la formación ya realizada para puestos de trabajo formales, apoyar y no obstaculizar los emprendimientos y proyectos autogestionados, así como reconocer formalmente a las Tareas Comunitarias. Al mismo tiempo, es imperioso regular la llamada «economía de plataformas» para ponerle un límite al nuevo modelo laboral de precarización que pretende instalarse en nuestro país.

Garantizar el reconocimiento salarial y la capacitación del trabajo que miles de mujeres desarrollan diariamente en cada barrio, en tareas comunitarias. Lo que se disfraza como “amor” o “solidaridad» en el trabajo de cuidado en merenderos, comedores, refugios para mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries y otros espacios, en realidad es trabajo no pago.

Como un tema particular, pero no por ello menos importante, exigimos el reconocimiento de lxs Licenciadxs en Enfermería, en Bioimágenes, en Biotecnología y en Instrumentación Quirúrgica como Profesionales de la Salud.

Implementar políticas que garanticen el derecho al trabajo de las Personas con Discapacidad, así como el cumplimiento de la normativa que establece un cupo laboral del 5% en el sector público.

Implementar definitivamente las licencias con perspectiva de Género para toda la planta de trabajadorxs del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, a partir de esto, desplegarlo hacia el sector privado.

Por último, sostenemos que es posible combatir el hambre que golpea a los sectores sociales más vulnerables, mediante la actualización de los Salarios Sociales Complementarios y la creación del Salario Previsional Complementario -destinado a adultxs mayores-, hasta alcanzar el costo de la Canasta Básica Alimentaria medida por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad.

El hábitat en la Ciudad

Partimos de considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano ya que es imposible desarrollarse en sociedad plenamente sin disponer de un techo. La vivienda debe ser considerada como un bien social y no como una mercancía o el ahorro de los ricos. Para esto, se vuelve imprescindible contar con un Ministerio de la Vivienda en la ciudad de Buenos Aires.

Casi la mitad de las familias alquila la propiedad en la que habita por lo tanto deben impulsarse políticas en protección de lxs inquilinxs y para que la adquisición de una vivienda no sea un imposible sino un objetivo alcanzable para las familias trabajadoras. En este marco, es necesario regular con mayor precisión el mercado inmobiliario y rediscutir la Ley de Alquileres vigente, extendiendo la duración de los contratos para evitar la amargura de tener que buscar casa cada dos años y ampliando las garantías del Banco Ciudad también para lxs trabajadorxs informales. Al mismo tiempo, implementar la separación entre el Impuesto Inmobiliario y el ABL, de manera tal que lxs inquilinxs no se vean obligadxs a pagar un impuesto correspondiente a lxs dueñxs y que, en los hechos, nunca es reintegrado.

Cuando decimos que la vivienda no es una mercancía, es porque en la ciudad de Buenos Aires existen miles de inmuebles vacíos mientras la población en las villas crece a cada minuto y cientos de familias son amenazadas con el desalojo. Ante esta situación, priorizamos el derecho de las personas, por eso decimos que hay que frenar los desalojos y crear un impuesto a las viviendas ociosas, de manera tal que se vuelquen al mercado inmobiliario. Así, más viviendas estarán disponibles y permitirán la disminución de los valores siderales que se pagan hoy por alquileres. Con el dinero recaudado por este impuesto es posible financiar políticas destinadas al acceso a la primera vivienda o la implementación de viviendas transitorias para población en situación de calle.

Llevar adelante las obras públicas de adecuación del espacio público necesarias para garantizar la circulación y accesibilidad a edificios e instituciones, así como a los diversos medios de transporte existentes. Esto también debe aplicarse en lo que refiere a las viviendas, asegurando la disponibilidad de casas y albergues accesibles.

En los últimos años, Buenos Aires sufre un proceso de remate de sus tierras públicas. Bajo la excusa de obtener recursos para obras, lo que en realidad se esconde es la entrega de lo público -de todos- a las empresas privadas de construcción, que son las mismas que luego tienen edificios vacíos mientras las familias se apiñan en habitaciones de 5×5 mts. Por esto, sostenemos que es urgente suspender la venta de tierras públicas y llevar adelante una auditoría de las tierras entregadas en concesión en las últimas dos décadas. A su vez, impulsar una política de adquisición de tierras e inmuebles por parte del Estado, para recuperar así la riqueza colectiva que se ha perdido en este tiempo.

Cientos de miles de personas habitan las villas y asentamientos de nuestra ciudad, las cuales crecen día a día. Los discursos de urbanización de estos barrios populares están pensados desde el negocio de la obra pública y no desde las verdaderas necesidades y derechos de quienes viven en ellos. Por eso, creemos que todo proceso de urbanización debe realizarse con participación genuina y control ciudadano de las obras, por ejemplo incorporando a veedorxs comunitarixs en las obras públicas garantizando la paridad de género en su contratación.

Con menos de 6 mts2 de espacios verdes por habitante y mientras avanza el cemento como una marea, el derecho a disfrutar del aire puro y los espacios de ocio ha sido dejado de lado por parte del gobierno. Por eso, proponemos la implementación de una política de puesta en valor, adquisición y protección de los espacios verdes públicos en la ciudad.

A este combo de tierra para empresas y déficit de viviendas y espacios públicos, debemos agregarle la insuficiente red de infraestructura de servicios públicos de agua, cloacas, gas y electricidad. Este problema agobia fuertemente en los barrios populares y se agrava mientras las torres de edificios siguen construyéndose en terrenos con conexiones residenciales. Todo esto se complementa con el nuevo Código Urbanístico, que proyecta una Buenos Aires para 6 millones de personas aunque nunca detalla cómo podría ser esto posible. En realidad, el nuevo Código es el comodín para que las desarrolladoras inmobiliarias sigan destruyendo la ciudad y cementando nuestros derechos, por eso es necesario derogar el Código Urbanístico y discutir nuevamente con la participación plena de la sociedad.

La Salud en la Ciudad

Reafirmamos que la salud es un derecho humano, por lo tanto el Estado debe garantizar el acceso a la salud pública, gratuita y de calidad. Para que esto ocurra, se vuelve urgente incrementar las partidas presupuestarias destinadas a los salarios del personal de salud (en todas sus escalas), los recursos destinados a la incorporación del personal suficiente para cubrir las necesidades de vacantes que el sistema exija, así como también los recursos que permitan equipar todos los efectores de la red de Salud Pública con insumos, medicamentos y tecnología de punta para elevar la calidad de atención.

Defender la salud pública en la ciudad implica también rechazar rotundamente la construcción del Complejo Hospitalario Sur, en donde se concentrarán cinco hospitales -Muñiz, Curie, Udaondo, IREP y Ferrer- en terrenos del hospital Muñiz, sólo con el objetivo de vender los terrenos de los otros cuatro hospitales para emprendimientos inmobiliarios. Con este Complejo, los cuatro hospitales que se mudan se constituyen en Institutos de menor jerarquía, lo que implica el cierre inminente de servicios completos, la pérdida de puestos de trabajo, de categorías y estructuras que hoy representan condiciones de trabajo fundamentales para miles de trabajadorxs.

Lo mismo cabe decir sobre el proyecto de centralizar en un sólo predio a los hospitales Tobar García, Borda y Moyano, golpeando ferozmente al derecho a la Salud Mental. Por esto, exigimos la obligatoriedad de la aplicación de la Ley de Salud Mental y la creación de casas de medio camino para personas con estas problemáticas.

En nuestras barriadas, las adicciones están generando un genocidio silencioso sobre nuestra juventud. Por eso, es urgente el diseño e implementación de políticas que aborden la problemática de las adicciones desde los efectores de la Salud Pública, de manera integral teniendo en cuenta aspectos como contención, rehabilitación, reinserción laboral y seguimiento.

Proteger integralmente a la población con discapacidades, generando políticas para asegurar el real acceso a las prestaciones complementarias -ayudas económicas, dispositivos de apoyo, contención psicológica, ortopedia, entre otros- y la ampliación de establecimientos públicos dedicados a la rehabilitación.

Prevenir es mejor que curar, por eso deben impulsarse políticas de concientización y capacitación en los barrios y escuelas sobre enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y la sífilis, teniendo en cuenta que las estadísticas señalan su constante crecimiento. Plena vigencia e implementación de la Ley de Educación Sexual, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y la Interrupción Legal de Embarazos (ILE).

Como sociedad, nos debemos una reconceptualización de los cuidados como problema colectivo y social, sacándolos del espacio privado y familiar para posicionarlos en la categoría de los Derechos Humanos. Por eso, sostenemos la necesidad de garantizar el derecho al cuidado y asistencia de calidad, principalmente para niños, niñas, personas con discapacidad y adultxs mayores, mediante la capacitación y reglamentación de esta tarea, implementándolo en todas las comunas de la Ciudad.

Abordaje integral de la violencia de género que afecta a mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, para fortalecer a estas personas y proponerles estrategias que les permitan una vida libre de violencia. Esto debe complementarse con garantizar los cupos laborales correspondientes para mujeres, trans, travestis y no binaries.

Implementación de la Ley Micaela (de capacitación en Género) en todos los ámbitos del Estado y fomentar su debate para el sector privado. Subsidios a víctimas de violencia, acceso de manera prioritaria a programas de vivienda que les permitan salir de hogares donde están en riesgo.

La Educación en la Ciudad

La Educación es el principal pilar sobre el que se construyen los pueblos emancipados porque a un pueblo consciente no se lo puede dominar, por este motivo reafirmamos que debe ser pública, gratuita y de excelencia. En la mejor administración de los recursos existentes, deben disminuirse los subsidios a la educación privada y reorientar los mismos hacia el sistema público de educación.

Para garantizar la educación a nuestra población es necesario disponer de todas las vacantes necesarias, en todos los niveles existentes: desde nivel inicial (45 días), hasta la educación de adultos. Esto significa destinar los recursos económicos necesarios para la puesta en valor de las escuelas y jardines existentes, así como para la construcción de todos los establecimientos educativos que hagan falta. En este marco, adquirir definitivamente los inmuebles donde hoy funcionan jardines y escuelas, terminando con el drenaje mensual de recursos que implica el alquiler actual los mismos.

Así mismo, es necesario asegurar el acceso efectivo al traslado de vacantes en escuelas públicas para lxs hijxs de personas que se ven obligadxs a mudarse por razones de seguridad ante situaciones de violencia de género.

Más del 10% de la población de la ciudad dispone de alguna discapacidad. Sin embargo, sólo una minúscula parte de ellxs participan en la vida política y ciudadana debido al desconocimiento de las mismas personas respecto de sus derechos. Por eso se vuelve necesario implementar campañas de difusión y concientización sobre la temática y los derechos específicos que permiten alcanzar un plano de igualdad con el resto de la población.

En torno a la inclusión educativa de alumnxs con capacidades diferentes, es necesario eliminar las barreras arquitectónicas en los establecimientos educativos, garantizar la suficiencia de profesionales docentes idóneos en discapacidad y actualizar las adaptaciones curriculares y la tecnología según tipo de discapacidad. A su vez, ampliar la disponibilidad de Gabinetes de Orientación Pedagógica en los establecimientos y concurrencia parcial de maestrxs de apoyo.

Debe limitarse la proliferación de los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no son instituciones educativas sino espacios de contención social para niños y niñas desde los 45 días, constituidos por organizaciones de la sociedad civil y financiados por el Estado. En contraposición, deben mantenerse los Jardines Maternopaternales y de Infantes existentes, así como crearse nuevos en atención a la demanda de vacantes en esta franja de edad.

Avanzar en un proceso de extensión de las jornadas educativas, garantizando la disponibilidad de vacantes suficientes en Jornada Completa para aquellas familias que así lo soliciten. Esto implica también la disponibilidad de Comedores en todos los establecimientos públicos, garantizando así el acceso a la alimentación a través de viandas saludables y nutritivas.

Al igual que en el ámbito de la Salud, se requiere la actualización salarial del personal docente y auxiliar de la educación, así como el reconocimiento pleno de la Educación Pública Popular brindada por los Bachilleratos Populares -con toda su planta de educadorxs.

Porque garantizar la educación pública implicar asegurar su real acceso, sostenemos la necesidad de ampliar el Boleto Estudiantil en la ciudad, para todos los niveles educativos y para el personal docente y auxiliar de la educación que se desempeña en las instituciones públicas de educación y los Bachilleratos Populares.

Rechazamos la implementación de la UNICABA, por ser una política que atenta contra la diversidad y el pensamiento crítico en la formación docente, así como también busca generar negocios privados con los inmuebles donde funcionan los actuales Profesorados. Exigimos su derogación y la asignación de recursos para la puesta en valor de sus instalaciones y la adquisición de materiales y tecnología para brindar una mejor calidad formativa a la comunidad docente.

Los Derechos Humanos en la Ciudad

Habitamos la ciudad en la cual se han desplegado las peores represiones a las movilizaciones populares de los últimos años, en una clara intención de infundir terror, perseguir y criminalizar a aquellxs que deciden luchar por los derechos de todxs. Rechazamos esta política represiva, que va atada a un constante crecimiento del presupuesto destinado a equipar a las fuerzas de seguridad como si libraran una guerra contra la clase trabajadora. Más presupuesto para salud y educación, en lugar de balas y gases.

Porque estamos convencidxs de que no hay mayor crueldad que culpar a nuestrxs hijxs de los problemas que nosotrxs -personas adultas- generamos y no sabemos cómo resolver, rechazamos la baja de la imputabilidad. La delincuencia juvenil es consecuencia de la destrucción de los hogares por medio de la desocupación, la pobreza y las drogas. A lo largo de nuestra historia, este tipo de delincuencia disminuyó cuando se pudieron garantizar los derechos básicos de salud, educación y alimentación a lxs niñxs y adolescentes.

Somos protagonistas en la defensa de los Derechos Humanos, impulsando y acompañando los juicios y las políticas por Memoria, Verdad y Justicia y lo seguiremos haciendo junto a los organismos de Derechos Humanos.

Estamos convencidxs que sólo aumentando la capacidad de respuesta colectiva de la clase trabajadora, podremos resistir la mercantilización de la vida que nos impone el capitalismo, frenarla y revertirla con un proyecto en unidad que ponga a la ciudad, su presupuesto y su infraestructura, al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares.

* Equipo de Comunicación de la CTA Capital Federal

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