Habitat
La FeNaT-CTA brega por implementar en Córdoba la ley de Regularización Dominial de Villas y Asentamientos
Jueves 10 de enero de 2019, por Corresponsalía Córdoba *
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Desde que el Senado convirtió en ley en octubre de 2018 el proyecto para regularizar el dominio de alrededor de 4.400 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, con el fin de que sus habitantes puedan acceder al título de propiedad de la parcela que ocupan, no se ha avanzado en su implementación para poder convertir la letra de la norma en hechos concretos de avance para los derechos de los movimientos sociales que impulsaron esta iniciativa legislativa.

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En Río Cuarto son más de 1.400 las familias que viven en 16 asentamientos y que podrán acceder al título de propiedad. En la provincia, hay 194 barriadas alcanzadas. De todos los barrios de la provincia incluidos en la nueva Ley para Regularizar Asentamientos Informales, el 63% se encuentra en Córdoba Capital: 124 de las 194 barriadas están dentro del ejido municipal. De las 70 restantes, 50 corresponden a cuatro departamentos de importante densidad poblacional. Río Cuarto es el segundo Departamento del interior más beneficiado, con 16 sectores. En Colón está previsto regularizar 14 barrios; en Punilla, 13, y en Santa María, 7.

Algunas organizaciones sociales de Río Cuarto ya presentaron un proyecto para que se implemente esta normativa nacional. La propuesta ingresó al Concejo Deliberante y deberá ser analizada por los ediles. La misma inquietud se lleva a cabo a nivel provincial.

“Esta normativa es un triunfo de distintas organizaciones sociales que desde hace varios años venimos señalando un incremento del déficit habitacional en todo el país”, expresó Alejandro Somaré, Secretario de Organización de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto y referente provincial de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA).

Y agregó: “En 2016 los movimientos sociales comenzaron a observar que las villas y los asentamientos estaban instalados y era necesario brindarles un marco de regularidad ya que está registrado que más de 3,5 millones de personas habitan en barrios populares sin acceso a los servicios básicos”.

La Ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares, con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados. Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.

La organización Techo define al asentamiento como “un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal”.

El sujeto expropiante de la ley será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.

Todos los gastos que se deriven de los convenios “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”. Pero además, se autoriza al PEN a crear un fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.

La norma también establece la suspensión de los eventuales desalojos que puedan estar en curso mientras se desarrolla el proceso de regularización dominial.

* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba

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