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Internacionales
COP 24: El lobo estuvo cuidando el gallinero en Katowice
Jueves 27 de diciembre de 2018, por Joaquín Turco *
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La Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebró entre el 2 y el 15 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, tuvo como principal tarea entregar –luego de más de dos años de negociaciones- el denominado "libro de reglas", un conjunto de criterios y definiciones para hacer operativo el Acuerdo de París, firmado en la COP 21 en 2015.

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Las negociaciones se desarrollaron con muy pocos políticos de alto nivel presentes y bajo la presión directa del Secretario General de las Naciones Unidas que irrumpió dos veces en la sede de la COP para exigir resultados luego de una minicrisis desatada en plena negociación, cuando Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait, manifestaron que no respaldaban las conclusiones del Informe Especial sobre los impactos asociados a un aumento de temperatura de 1,5ºC, elaborado -a pedido de todos los países signatarios del Acuerdo de París- por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)

En un escenario mundial bastante distinto al de 36 meses atrás, donde los nuevos nacionalismos de derecha están dinamitando el multilateralismo, los procesos como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que tienen una gran inercia para la toma de decisiones (porque requieren del consenso de las partes) son los primeros afectados.

Entonces… ¿qué se acordó en la COP 24 de Katowice?

En este contexto complicado, los países lograron consensuar las principales reglas que establecen cómo los gobiernos medirán, informarán y verificarán sus esfuerzos de reducción de emisiones, un elemento clave, porque permitirá estandarizar los inventarios de emisiones y las promesas de reducción de todos los países, facilitando así su seguimiento y evitando la “contabilidad creativa”.

Si bien el tratamiento de algunos temas fue diferido, se cerraron algunas otras cuestiones, aunque no de la mejor manera. En lo que respecta al financiamiento (un tema medular) el consenso se logró utilizando un lenguaje permisivo y ambiguo que desdibujó lo acordado en París con relación a los 100 mil millones que deberían movilizarse para 2020 ya que, al permitir contabilizar fuentes no adicionales, se perdió el objetivo originalmente buscado desde Cancún (2010). Lo que sí quedó claro es que sigue alentándose la participación de capitales privados bajo diferentes modalidades, reforzando la actual tendencia propiciada desde la ONU.

Otra de las cuestiones acordadas en Katowice fue la metodología para monitorear el cumplimiento del Acuerdo de París. Para ello se decidió establecer un comité de cumplimiento de expertos "de naturaleza facilitadora... no contencioso y no punitivo" que podrá investigar los países que no presentan sus NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) o brinden datos inconsistentes pero… ¡sin imponer sanciones! Otra muestra de soft law que caracteriza los acuerdos ambientales internacionales (o por decirlo lisa y llanamente, hagan trampa con los números, si los descubren… no hay consecuencias)

¿Y las demandas de Transición Justa del Movimiento Sindical?

Cumpliendo con lo acordado entre las distintas centrales durante la COP 23 de Bonn (2017), la CSI elaboró una propuesta de Declaración sobre Transición Justa y Trabajo Decente, que insta a los países a que, al momento de definir los contenidos e implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), de los planes nacionales de adaptación y las estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo, se comprometan a abordar seriamente el impacto que tienen el cambio climático y las políticas sobre el clima, respecto a los trabajadores, sus familias y las comunidades.

Esta declaración finalmente formó parte de una de las propuestas que la presidencia polaca de la COP realizó a los países y fue firmada por algo más de 50 Estados (Aproximadamente el 25% del total, entre ellos: Argentina, Perú, Uruguay Méjico, España, Canadá, Francia., Inglaterra, Japón, Bélgica, Portugal, Palestina, Nigeria, Holanda, Estado del Vaticano, Grecia, Nepal, Polonia.) El texto de la “Declaración de Silesia” puede descargarse aquí: https://cop24.gov.pl/fileadmin/user...

La Declaración quedo plasmada en los documentos oficiales de la COP, donde se indica que la COP “toma nota de la Declaración de Solidaridad y Transición Justa de Silesia, que reconoce la necesidad de tener en cuenta los imperativos de la transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad”

El hecho de que la presidencia de la COP ejercida por un gobierno ultra conservador como el polaco haya promovido la Declaración de Silesia y en cierta forma, operado demagógicamente sobre inquietudes válidas relacionadas con el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras, no nos tomó por sorpresa y no debería ser motivo para descalificar el contenido de la Declaración. Lo sucedido en Polonia es una muestra más que el concepto de Transición Justa, al igual que el de Desarrollo Sustentable, ya forman parte del vocabulario que el Capitalismo Verde ha hecho suyo y que emplea como Caballo de Troya. Está en nosotros, la clase trabajadora, desenmascararlo dejando claro el verdadero significado y alcance de esos conceptos porque, estar en la mesa de negociación para no ser parte del menú, tiene sus límites.

¿Cómo sigue el proceso para operativizar el Acuerdo de París?

Ante la necesidad de ir cerrando temas, algunas de las cuestiones que estaban impidiendo el avance de las negociaciones fueron sacadas de la agenda, para ser tratadas en próximas reuniones de la COP.

En esa línea, en la próxima COP 24 (2019) que se realizará en Chile (debido a que Bolsonaro retiró la candidatura de Brasil) los países continuarán insistiendo en delinear y consensuar un paquete de reglas vinculadas a la implementación de mercados de carbono, a pesar que ya hace más de una década este tipo de mecanismos -orientados a la mercantilización de los Bienes Comunes- no han logrado progresos para revertir la crisis climática.

En lo que respecta al aumento de la ambición de las promesas de reducción de emisiones planteadas en las NCD presentadas, los diplomáticos acordaron que la cuestión sea resuelta, a más tardar, durante la COP 26 (2020) que se llevará adelante en el Reino Unido o Italia (vale recordar que las promesas realizadas hasta la fecha por todos los países, no bastan para estabilizar la temperatura y nos encaminan a un mundo con un aumento de temperatura promedio de entre 3 y 4ºC, haciéndolo inviable para una porción muy alta de la humanidad, especialmente los más pobres).

Justicia climática, responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad…

Desde que Trump anunció en 2017 que EEUU se retiraría del Acuerdo de París, la pregunta que todos se hacían era si el proceso en el marco de la ONU podría seguir funcionando. Concluida la COP y a pesar de los magros resultados, todo indicaría que, al menos, los engranajes siguen moviéndose, sin embargo, en un escenario donde los principales líderes europeos (Macron, May y Merkel) están más enfocados en sus problemas domésticos que en el clima, donde el primer paso de Jair Bolsonaro fue renunciar a ser anfitrión de la próxima COP 25 y donde Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait, cuestionan las bases científicas y las conclusiones de un Informe emanado por el IPCC, es difícil esperar que, en el corto plazo, los tiempos y las ambiciones de la burocracia climática se sincronicen con los del mundo real y que la actitud mezquina de los líderes de los principales países desarrollados cambie.

Por otra parte, el Acuerdo de París y todo el andamiaje que se está elaborando para hacerlo operativo, en algunos aspectos, ha comenzado a reescribir parte de la Convención, reinterpretando el alcance de los principios claves como los de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas. A más de una década de haber irrumpido el discurso del “desarrollo verde”, está cada vez más claro que los intereses de las empresas se anteponen al bien común y en este contexto, el proceso en el marco de Convención de Cambio Climático sigue creando lagunas legales, promoviendo mecanismos que evitan que los países asuman su responsabilidad climática, retrasan la toma de decisiones, anulan los derechos y promueve las situaciones de injusticia.

La “comunidad climática” sigue apostando al maquillaje y atacando los síntomas en vez de enfrentar la enfermedad, confiando en la aparición de alguna tecnología milagrosa que permita enfriar el planeta y en la mano invisible del mercado, cuando en realidad, todo muestra que es imposible encontrar la salida de esta crisis climática perpetuando el modelo económico que la generó.

¿Qué podemos esperar en Argentina?

Con la llegada de Cambiemos, los postulados del desarrollo y la economía verde pasaron a ser política de Estado y todos los “yeites” asociados fueron adoptados y reproducidos en ámbitos nacionales e internacionales, como muestra de la “modernización” y de la “apertura al mundo” de nuestro país.

En esa línea, en Polonia, el Secretario de Ambiente Sergio Bergman aprovechó para hacer alarde de la incorporación de Argentina a la “recargada” Coalición por la Alta Ambición (una coalición que agrupa países desarrollados y en desarrollo que procuran mejorar los esfuerzos globales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París) y se ocupó de dejar claro el apoyo de Argentina a la financiarización de la naturaleza cuando resaltó la necesidad de transmitir más ambición al mercado y a la economía, para no quedarse solo en las buenas intenciones, resaltando que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática” y argumentó que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentable”. A confesión de parte, relevo de prueba, diría un abogado.

Así las cosas, el Gobierno plantea dos estrategias generales que operan bajo principios contrapuestos: por una parte, la puesta en marcha por parte del Estado de una serie de acciones políticas orientadas a dar cumplimiento a compromisos climático internacionales (reducir emisiones y generar estrategias de adaptación) mientras que por otro lado, las elites económicas y políticas promueven que “la crisis climática” constituye una oportunidad para aprovechar expansiones productivas y propiciar cambios culturales para la transformación hacia una “economía verde”.

Lo cierto es que el cambo climático se está transformando en una Política Pública multisectorial y territorial con líneas de acción específicas que están teniendo influencia, no sólo en la reorientación de muchas de las actividades productivas, sino además en las formas de organización social.

Limitar el calentamiento terrestre a 1,5°C requiere transiciones rápidas y de gran alcance que tendrán asociadas transformaciones socioeconómicas sin precedentes. En este contexto, frente al individualismo y la cultura emprendedora, es imprescindible la defensa del bien común y los bienes comunes, implementar políticas que prioricen los intereses colectivos y permitan gestionar las riquezas comunes más allá de las exigencias de rentabilidad del capital, por todo esto, los aportes de la PLADA (Plataforma de Desarrollo de las Américas de la Confederación Sindical de las Américas) como hoja de ruta, no pueden estar ausentes en la discusión.

* Asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales, miembro de la delegación de la CSI para la COP25, trabajador de ATE-ENRE.

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