Un gobierno propenso a las reivindicaciones empresarias ha impulsado el pliego elaborado por un puñado de abogados de los grandes estudios patronales sin analizar la racionalidad y el impacto que las mismas pueden producir en las relaciones laborales reales.

Los colegas que supuestamente representan intereses, permanecen aislados de las reivindicaciones reales y se limitan a la superficie del litigio que intenta revertir un orden precario inspirados en la revancha de un supuesto predominio sindical que nunca existió.

No se han relevado los conflictos reales y luego intentado el remedio.

Los diagnósticos son superficiales y están apresurados en función de la relación de fuerza en los poderes públicos.

Estamos en presencia de solo el comienzo de la dinamitización de los derechos tutelares.

Si bien es cierto que los trabajadores paulatinamente se vieron afectados por la acción sistemática de disminución gradual de conquistas, se intenta una vuelta profunda en la estrangulación de los derechos.

Los actores son los mismos que en 1994 firmaran un acuerdo marco irracional que posibilitó el período más nefasto de pérdida de derechos y conquistas de los trabajadores.

Coincidió con la constante precarización de las condiciones de trabajo en el marco de una producción y servicios ineficaces.

El poder real entiende que es el momento de destruir los pocos institutos que permanecieron de pie.

Van por ello...