Derechos humanos
Los pueblos originarios organizados en la CTA-A reclamaron frente al Congreso por la Ley de Emergencia Territorial
Viernes 8 de septiembre de 2017, por Inés Hayes *
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Se trata de la ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades originarias y ordena el relevamiento de las tierras ancestralmente ocupadas por ellas. ACTA habló con Miriam Liempe, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA-A sobre la urgencia de seguir luchando para que esta ley se prorrogue.

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Esta ley declara la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso.

El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad.

A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorroga la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destina 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894 se determina que la norma operará hasta noviembre de 2017. Es por esto que las comunidades necesitan que la ley se cumpla antes de esta fecha.

Inejecución de la ley 26.160

En el año 2013, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) presenta un informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. En el mismo da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de recursos económicos. Este trabajo cuenta con la adhesión de organizaciones indígenas y de derechos humanos.

El mismo sostiene que, de acuerdo a los datos brindados de manera aislada por el INAI, “del total del presupuesto del relevamiento ($ 60 millones) se ha verificado al menos la utilización del 76,41% del mismo ($ 45.847.32763) para el relevamiento de solo el 24% del total de las comunidades, de las cuales únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente”.

Este documento también denuncia “la transferencia de $ 22.329.339 a la Universidad de Lanús, por asesoramiento”, sin que pueda certificarse de qué manera se realizó la contraprestación, concluyendo que esta suma fue “gastada por fuera de las normas y controles de la administración pública”. El estudio de ENDEPA muestra que el mayor retraso en la aplicación del programa de relevamiento por parte del INAI se da en las provincias con más conflictividad territorial como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65 por ciento del total de comunidades indígenas del país.

Frente a las puertas del Congreso

En la mañana de ayer, se llevó adelante una radio abierta frente a las puertas del Congreso para hacer visible esta problemática que afecta a todas las comunidades originarias del país. Miriam Liempe, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma bonaerense dijo: “El espíritu de esa ley es para que los territorios puedan ser relevados y poder parar los desalojos y por la urgencia territorial, lo administrativo, lo burocrático. Esta ley sería para que estos desalojos no sigan adelante. Hace mucho tiempo nosotros venimos pidiendo que el relevamiento se cumpla pero nunca se termina, que se haga con la participación de los pueblos. Los pueblos estamos en una situación muy endeble, todos estamos en la mira y somos catalogados como terroristas, nos genera mucho miedo, estamos en un estado de alerta y muy preocupados”.

En ese sentido, Liempe agregó: “Como pueblos apelamos siempre a la democracia, estamos viendo cómo interpelar a los legisladores para que esta ley se cumpla. Muchos de los hermanos no tienen acceso para poder presionar, en el buen sentido, para que esto se cumpla. Queremos que se visibilice la lucha. Para nosotros en términos de burocracia, siempre los tiempos son desfavorables a los pueblos. Nosotros somos pueblos empobrecidos, nos cuesta más organizarnos y también en los territorios tenemos muchas debilidades, estamos desfavorecidos en fuerzas de todo tipo. Hay focos de problemas actualmente en todos los territorios. Por eso en cada lugar estamos fortaleciéndonos y buscando alianzas en las provincias”.

* Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma

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