Ante la fusión de Cablevisión y Telecom
Sábado 15 de julio de 2017, por Eduardo Moyano *
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Este hecho pone en discusión el Carácter de Servicio Público, el sentido de la convergencia y de la competencia, el desarrollo y la regulación de los servicios esenciales. La fusión de Cablevisión y Telecom modifica sustancialmente el mapa de prestación de servicios de tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual, dos ámbitos hasta ahora totalmente paralelos.

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* Vocal Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA-Autónoma. Referente de Telefónicos en la CTA-Autónoma

Tanto es así que disponían y disponen de regulaciones separadas (Ley de Radiodifusión, hoy ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales y la Ley de Telecomunicaciones, actual Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación), situación que se intenta modificar a través de decisiones autoritarias vía decreto. Como Telefónicos en la CTA-A, en oportunidad del debate por la llamada Ley de Medios, expresamos que simultáneamente se tenía que discutir una nueva ley de Telecomunicaciones que reemplazara las leyes de la dictadura.

Los actores involucrados ponen en relieve que la concentración y las posiciones dominantes de grandes conglomerados empresarios se exacerban hasta llegar a un punto que esterilizan cualquier posibilidad de intervención democrática de la sociedad en la definición del modelo de prestación de servicios tan esenciales, condicionando enormemente derechos básicos como la accesibilidad a la Comunicación.

En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) se establecía como principios la promoción, desconcentración y competencia teniéndose como objetivos de la misma el abaratamiento, democratización y universalización en el goce de esos derechos, vemos desde la asunción del presente gobierno el desarme de la legislación anterior, a través de decretos, comenzando con el 267 del 2015, promulgado en forma inmediata a la asunción del gobierno actual.

Con el argumento de que la convergencia tecnológica, permite la prestación de diferentes servicios a través de una única infraestructura o plataforma de transporte de señales se intenta consolidar un esquema de concentración y dominación.

Como lo expresara en una nota el investigador en Ciencias de la Información Martín Becerra:

“El vocabulario oficial sobre los nuevos cambios se nutre de una combinación aleatoria de categorías como “competencia”, “convergencia”, “mercado” e “inversiones”, que precipitarían en forma de lluvia a partir del ambiente habilitado con el nuevo decreto (1340/16). La ceremonia de invocar estos términos para cambiar la estructura del megasector infocomunicacional ya se demostró fallida con el DNU 267/15. La conducción estatal cree que el problema fue la melodía de la danza, y no el recurrir al ritual primitivo, y por eso el Decreto 1340/16 dispone nuevos ritmos para acompañar los bailes con los que prevén seducir a inversores.

Con el eslogan de “convergencia plena” a concretarse dentro de un año (el 1/1/2018) que se traduce en el franqueo para que tres o cuatro operadores puedan “hacer todo”, es decir que los grupos del sector audiovisual pueden prestar servicios de telecomunicaciones e Internet y viceversa, el decreto retoma la filosofía general que -quién diría- inspiró la sanción de la Ley de Telecomunicaciones y TIC en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. No es accidente que el Decreto 1340/16 se declare reglamentario de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, ambas iniciativas kirchneristas, que sin embargo son sinónimo de infamia para el actual oficialismo (de hecho, en sus considerandos, este decreto no se priva de justificar el DNU 267/15 “pues no contemplaba elementos fundamentales de la realidad actual (sic.) de la industria de los medios y las telecomunicaciones”)”.

Vemos que los enunciados en función del supuesto ideario liberal que rige el accionar gubernamental se contrapone con las decisiones del grupo más grande de la Comunicación Audiovisual (Clarín) de dominar a una de las empresas prestatarias del servicio de Telecomunicaciones (Telecom). Colocándonos en un ensayo de idealismo liberal, supuestamente se tendría que favorecer el ingreso de más operadores que garanticen mayor desarrollo y posibilidades de acceso a nuestro pueblo a los servicios de Información y Comunicación, y lo que se observa es que todo se orienta a favorecer aún más a los sectores más concentrados de nuestra economía.

Como trabajadores de las telecomunicaciones hemos fijado posición en distintos documentos publicados, dónde advertíamos que la concentración y crecimiento de los grupos o empresas favorecidas por el proceso de privatización, no redundaría en beneficios de nuestro pueblo y menos de sus trabajadores, la ampliación de prestación de nuevos servicios en estas empresas dominantes no se correspondería con mejores salarios y condiciones de trabajo, al contrario se ampliaba el marco de precariedad laboral imperante.

El contrato social en donde el crecimiento de las empresas iba acompañado de mayor cantidad de empleo directo, y como consecuencia de esto la organización de los trabajadores propugnaba mejoras permanentes en su vida cotidiana, ha sido quebrado por las políticas neoliberales implantadas a partir del 76 a esta parte.

No han sido suficientes los intentos regulatorios buscados en las leyes antes mencionadas, primero porque el carácter de servicio público ha sido solo garantizado entre operadores, y no al usuario final, es decir nuestro pueblo. Con mayor énfasis expresamos que el debate de esta problemática debe ser central en el conjunto de los trabajadores y de nuestro pueblo, por estar en juego cuestiones esenciales como el derecho a la comunicación, al desarrollo de una industria asociada, a la generación del conocimiento hacia una tecnología conveniente y a la creación de empleo de calidad.

Los objetivos deben ser la recuperación de estas herramientas que hacen a la disputa del sentido común, ya que no se trata meramente de una “convergencia en términos tecnológicos”, sino que lo que se debate es una “convergencia que tiene implicancias en términos políticos, económicos y principalmente culturales”.

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