Los sospechosos de siempre
Viernes 7 de julio de 2017, por Ernesto Kaplan *
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El lunes pasado se conoció un fallo judicial que volvió a poner en la mira a la Policía de Córdoba, una institución con bastante mala fama. El juez de Control y Faltas número 7, Esteban Díaz, emitió una resolución ejemplar que intentó enmendar las consecuencias sufridas por un grupo de jóvenes que en mayo de 2015 fue víctima de los denominados “operativos de saturación” que, por aquel entonces, llevaba adelante el titular de la fuerza, comisario general Julio César Suárez.

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* Periodista, diario Hoy Día Córdoba

¿Qué argumentó el magistrado? Que los 128 procedimientos hechos hace más de dos años fueron “arbitrarios”, según los indicios que surgieron de un habeas corpus colectivo presentado por habitantes de las barriadas Yapeyú, Bella Vista, Güemes, Villa Azalais, Cáceres, Campo de la Rivera, Ciudad de Los Cuartetos, Acosta, Renacimiento, Ciudad de los Niños, Colonia Lola, Villa la Tela, Parque Liceo Segunda Sección, Los Cortaderos y Villa Bustos, entre otras. Como se recordará, las razzias policiales masivas en los sectores más humildes de nuestra ciudad eran moneda corriente durante la gestión de José Manuel de la Sota. Y la portación de rostro se asociaba con la posibilidad concreta de que ciertos ciudadanos, catalogados por algunos funcionarios como “de segunda categoría”, terminaran encerrados en un calabozo, sin las necesarias notificaciones a la Justicia.

Precisamente, Díaz hizo hincapié en esta presunción cuando señaló que “los aprehendidos fueron hombres jóvenes provenientes de barrios periféricos del sector suroeste” y que la infracción predominante atribuida a esas personas fue la figura de “escándalo público”, prevista en el artículo 52 del viejo Código de Faltas, vigente en ese momento. El juez se atrevió a ir más al fondo del asunto, cuando remarcó que las detenciones se llevaron a cabo en sectores sociales “altamente frágiles en lo económico y social, sin advertirse la aprehensión de ningún ciudadano perteneciente a barrios de clase media o alta de la ciudad”. Ante este cuadro de situación, concluyó que “los procedimientos policiales lesionaron el derecho a la libertad de las personas que fueron aprehendidas por falta de causa, conducta o circunstancia previa que viabilizaran la medida restrictiva”. Como se puede apreciar, la sentencia es de suma trascendencia porque puede servir para sentar un valioso precedente a futuro, ya que exhorta a la Jefatura de la Policía de Córdoba para que haga conocer a todo el personal que “una vez producida la detención preventiva de un ciudadano debe ser puesto a disposición inmediata de la autoridad pertinente (ayudante Fiscal o juez de Paz)” y que “la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional”.

Ahora bien, la citada resolución apunta en la dirección de uno de los puntos más controvertidos de la fuerza, como es el de los criterios que adopta al momento de concretar un arresto. Según informó hace tres meses el Ministerio Público Fiscal, con la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia, que en abril de 2016 reemplazó a la cuestionada normativa anterior, disminuyó un 82 por ciento la cantidad de detenciones contravencionales. El dato surgió de la proyección estadística del análisis de los primeros 245 días de vigencia de la nueva norma (entre el 1° de abril y el 30 de noviembre del año anterior). Como en ese período hubo 8.651 capturas, las autoridades calcularon que, en 365 días, debieron haberse registrado 12.888 detenciones. De acuerdo con la lectura oficial, si la cifra de aprehendidos en el primer año de funcionamiento del Código de Convivencia provincial fue de 12.888, se estuvo ante una baja del 82%, al compararla con los 73.100 que fueron capturados en 2011 con el Código de Faltas, el último dato que estaba disponible.

El Fiscal Adjunto del Ministerio Público Fiscal, José Gómez Demmel, destacó recientemente que con la puesta en marcha de la nueva normativa se empezó a trabajar bajo un “paradigma” que gestiona la “conflictividad social con eficiencia y respeto por los Derechos Humanos”. Al respecto, mencionó diversas tareas que se están implementando tales como la vigencia de una administración contravencional que prioriza la resolución del conflicto por sobre el castigo. Asimismo, rescató que en la actualidad “ningún contraventor pasa más de ocho horas preso; que no queda registro en el certificado de antecedentes de la detención; y que la gran mayoría de los contraventores tiene acceso a un abogado provisto por el Estado”.

Prejuicios institucionalizados

Sin embargo, la docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Andrea Bonvillani, reveló otra realidad. En una entrevista con el matutino La Voz del Interior, hizo mención a la situación de una enorme porción de pibes de zonas marginales que aún hoy continúa siendo detenida por “portación de rostro”. “Tenemos casos de jóvenes que en dos años fueron detenidos más de 20 veces. Todo eso supone una dimensión dramática en su vida cotidiana, en sus vínculos, en su posibilidad de estudiar y trabajar”, alertó la profesional. Comentó además que hay personas que son capturadas “por la sospecha de que potencialmente” pudieran llegar a cometer un delito. “En esas sospechas –continuó Bonvillani- se alojan los prejuicios del agente policial, que se expresan en el aspecto externo de los jóvenes, en determinadas características fisonómicas, su color de piel, pautas estéticas y modos de habitar la ciudad que generalmente están vinculados a una cultura popular. También a un modo de vestir, de peinarse, de presentarse frente al otro”. En tal sentido, remarcó que la vieja figura del “merodeo” del Código de Faltas se reemplazó por una de similares características, llamada “actitud sospechosa”, que vulneraría los derechos individuales de las personas.

Finalmente, la docente aportó una lectura que entiendo es esclarecedora. Sostuvo que “el policía es el brazo ejecutor de un Estado que genera políticas públicas represivas”. Según Bonvillani, el uniformado “es la representación de un síntoma social, de una sociedad que cree que deteniendo, controlando, amenazando y hostigando sistemáticamente a los jóvenes de sectores populares queda a salvo de situaciones de violencia, de delito, de inseguridad”. Pero en realidad, aclaró que “los delitos no cesan por esas prácticas, y lo que estamos generando es la institucionalización de un prejuicio social”. No hay nada más que agregar.

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