Represión para imponer el ajuste y el saqueo
Miércoles 10 de mayo de 2017, por Juan Carlos Giuliani *

La decisión de la Justicia Federal de Río Negro de ordenar la captura del secretario General de la CTA Autónoma provincial, Rodolfo Aguiar, no es un hecho aislado. Responde a la lógica del poder: El agravamiento de la criminalización de la protesta es directamente proporcional a la profundización del conflicto social.

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* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA

En Río Negro no es el primero y, seguramente, no será el último acto de persecución judicial, gremial, ideológica y política contra todo aquel que encarne con coherencia la lucha popular. El gobernador Alberto Weretilneck -como la mayoría de los caciques provinciales, sin importar su pelaje político- está alineado con el Gobierno nacional a la hora de aplicar instrumentos represivos para disciplinar a los trabajadores.

Los procesamientos y condenas a dirigentes y sindicatos de las provincias de Jujuy y Salta que conforman la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA) son ejecutadas en un juego de pinzas perfectamente coordinado entre representantes de la Justicia y los gobiernos de Gerardo Morales y Juan Manuel Urtubey. No son los únicos, hace pocas horas fueron golpeados y detenidos delegados municipales de ATE en la localidad salteña de Cerrillos.

La condena y exoneración de los dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena –Secretario General de la CTA-A de Tierra del Fuego- y Raúl Arce, son otros tantos ejemplos de sanciones drásticas a los que luchan. Sin anestesia y en connivencia entre el Poder Ejecutivo (Fabiana Ríos primero, Rosana Bertone ahora) y el Poder Judicial de esa provincia.

Otro tanto ocurre con las denuncias penales realizadas por el Gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz contra los manifestantes –trabajadores estatales, docentes, judiciales, profesionales de la salud y jubilados- que reclaman el pago de sus salarios en tiempo y forma.

Los partidos políticos garantes del Pacto de Gobernabilidad están planificando cuales son las reglas de juego para los próximos años y, para ello, quieren terminar con la organización de los trabajadores. Con la excusa de bajar el gasto, el gobierno de Mauricio Macri prepara una nueva reestructuración del Estado después de las elecciones del 22 de octubre. Lo que anuncian es más ajuste, desempleo, hambre y miseria para nuestro pueblo. Pretenden imponer el modelo de explotación y saqueo a los palos para vencer la resistencia popular y marcar la cancha para lo que viene.

La humillación cotidiana, el despojo de sus tierras y la represión brutal que padecen los pueblos originarios del NOA, el NEA y la Patagonia, se vincula con la matriz del modelo extractivista. Los patrones no titubean en arreciar con los derechos ancestrales de las comunidades indígenas para seguir engordando la concentración y extranjerización de la riqueza.

La CTA repudió de arranque, durante el gobierno anterior, la aplicación del Proyecto X que permitía a la Gendarmería realizar tareas de espionaje en las organizaciones populares, y la sanción de la Ley Antiterrorista, cuya derogación reclamó desde el primer día, acompañada por un amplio arco multisectorial que se movilizó multitudinariamente en rechazo a una normativa represiva aprobada para complacer a los organismos internacionales controlados por los Estados Unidos.

Con el mismo rigor la Central ha cuestionado y denunciado el Protocolo Antipiquetes puesto en marcha por este Gobierno para disputar el control de la calle a las organizaciones sindicales y sociales que reclaman por Tierra, Techo y Trabajo.

Esta Justicia, que se muestra tan obediente para procesar y condenar a los que no transan, es la misma que mira para otro lado frente al crimen organizado, que es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una democracia acotada que, a más de treinta y tres años de recuperada, mantiene los mismos estándares de pobreza y marginalidad: Una desigualdad social que duele hasta los huesos.

Si no se cambia el actual modelo productivo y de distribución de la riqueza, todo lo que se haga para que en nuestro país vuelva a imperar la justicia social -en reemplazo de las políticas de “inclusión” que recrean y perpetúan la telaraña clientelar- será un espejismo. Y el sueño de creer en un destino nacional diferente, que acabe con la opresión y el coloniaje, quedará en una quimera.

El reciente fallo de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conceder la Ley del 2X1 a los genocidas, se acomoda a la política de Derechos Humanos del Gobierno, asfalta el camino para la impunidad de los asesinos, ladrones y apropiadores, y da base doctrinaria a la "Ley del Garrote" que están aplicando contra los luchadores populares a lo largo y ancho del país.

El fallo de los Supremos va en la dirección de considerar delincuentes comunes a quienes fueron ideólogos y ejecutores del terrorismo de Estado para dinamitar el Estado de Bienestar e implantar, a sangre y fuego, el Modelo Neoliberal que se mantiene invicto: Sojero, agroexportador y extractivista. O sea, expoliador, colonial, y no sustentable, que envenena el medio ambiente y enferma y mata a la población.

“Sin territorio no hay libertad, sin libertad no hay justicia social”. La máxima del pueblo mapuche resume cabalmente el eje donde se da la confrontación permanente con el enemigo: El territorio. En cada barrio, en cada pueblo, en cada región, es menester crear conciencia de organización popular y construcción de la conducción política del proceso de transformación.

Pasar de la protesta a la propuesta, dejar de ser demandantes para constituirnos en sujetos políticos. Organizar la rebeldía. Resistir construyendo unidad y poder popular. He allí el desafío más apasionante de la hora.

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