El golpe y las grandes empresas
Domingo 26 de marzo de 2017, por Carlos del Frade *
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"El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial", dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.

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* Periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE)

El militar no se quedó atrás: "Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber", sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

Ramón Genaro Díaz Bessone había sido el arquitecto de la burocracia del terrorismo de estado en el Segundo Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Desde el 8 de septiembre de 1975 al 12 de octubre de 1976 fue su comandante hasta que fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. El apoyo de las grandes empresas que lo recibieron en la Bolsa de Comercio fue fundamental para ambos, Díaz Bessone terminó siendo el ministro de Planificación de Videla y Galtieri elaboró su plan de perpetuarse en el poder a partir de la recuperación de Malvinas. Todo fue cobijado y auspiciado por el gran empresariado del sur de la provincia de Santa Fe. A cambio recibieron lo esperado, disciplinamiento social a partir de la desaparición, encarcelamiento, tortura y persecución de los delegados gremiales, tal como venía sucediendo en todo el país.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: "Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra".

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal, relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que "otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución".

Esa "operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán".

Sostuvo que "las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero".

Remarcó que "el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración".

Acindar "pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini".

Agregó que "Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

Para el jefe de la vida y la muerte en el Auschwitz rosarino –el sótano del servicio de informaciones de San Lorenzo y Dorrego– Agustín Feced, las fuerzas armadas debían sostener el mismo objetivo que el coronel Varela cuando reprimió a los huelguistas de la Patagonia en 1921. "Estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para ellos es secundario, no nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía... por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires...Varela y lo mató un terrorista extranjero...", declaró el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año ’21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de estado.

Matriz económica

La matriz económica de la dictadura sigue vigente en estos días. Entre el 23 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se sancionaron 1.774 leyes de las cuales 1.627 no fueron derogadas.

Una de las más importantes es la de entidades financieras que fue sancionada en 1977 y pergeñada por Martínez de Hoz. Algunas de sus modificaciones fueron durante las presidencias de Menem, De la Rúa y Kirchner. Hoy se habla de reemplazarla por una nueva.

Si se quisiera registrar una marca o producto, la ley que rige esta actividad fue sancionada en 1981. Las modificaciones en los contratos de trabajo de la ley de hidrocarburos es de 1978, y dos años más tarde se reformó el código minero. El código aduanero, que establece las polémicas retenciones, es de 1981.

El ex secretario de Hacienda, Juan Alemann, dijo con claridad: «Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (...) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina».

Los objetivos del golpe eran los objetivos de las grandes patronales. Las consecuencias exhiben las verdades: 6 de cada diez desaparecidos eran obreros, empleados, profesionales y docentes, es decir trabajadores (obreros 30,2%; empleados 17,9%; profesionales 10,7% y 5%, docentes; haciendo un total de 63,8% del total de desaparecidos).

Años después, uno de los principales funcionarios de una multinacional automotriz lo diría con precisión: "Milagros no hay" -fueron las palabras del gerente de producción de Mercedes-Benz Argentina, Juan Tasselkraut, cuando en el Juicio por la Verdad el juez le preguntó si había relación entre la desaparición de 14 obreros durante la dictadura militar y el aumento significativo de la productividad en la fábrica. Este documental de Gaby Weber fue emitido por varios canales de televisión en América latina, pero los canales alemanes nunca se atrevieron a hacerlo.

El investigador Gómez Alcorta sostuvo en la presentación del informe sobre empresas y dictadura que los orígenes de este trabajo situado a comienzos de 2014 comenzó a entenderse una necesidad: "Una vez reconstruida las características del aparato represivo, identificamos que no estaba disponible un insumo para entender el universo del colectivo de víctimas entre los trabajadores".

"Ante la lectura de todos los casos juntos nos encontramos en condiciones de explicar la clara responsabilidad de un sector del empresariado en los crímenes que tuvieron a estas víctimas", explicó.

"Por eso decimos que la palabra ’participación’ o ’complicidad’ a priori no resulta correcta para la comprensión de los crímenes en estas intervenciones".

El informe encontró "un patrón común en las prácticas represivas y una estrategia común de disciplinamiento laboral de terrorismo de Estado". Marca distintas formas de disciplinamiento de las fábricas en las que se encuentra el extremo de haber tenido centros clandestinos de detención. Pero también hubo formas más invisibilizadas, como la entrega de listas, el señalamiento de blancos o delegados, listas de direcciones, fotos, legajos personales o apoyo de logísticas.

En esos "patrones de recurrencia" encontraron que 88% de las empresas hubo secuestros o despedidos; 76% entregó información privada de los trabajadores; 72% tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52% de las firmas hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores. "En este sentido evidencian las distintas formas de combinación de prácticas empresariales y militares del terrorismo de estado que tuvieron como víctimas a los trabajadores".

"Se identificaron casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado. 354 víctimas están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas. La mayoría eran trabajadores/as y ex trabajadores/as de las empresas analizadas al momento de los hechos", indica el informe.

Y agrega: "Entre los últimos, fueron incluidos quienes participaron de los procesos de conflicto y organización obrera hasta los últimos tiempos antes de iniciada la dictadura y fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. También fueron incluidos casos ’conexos’, tratándose de personas que sufrieron la represión a raíz de su vinculación con trabajadores o ex trabajadores o distintas formas de conexión con la empresa, pero no tenían un vínculo laboral".

Mediante distintos criterios de selección, se elaboraron veintidós informes donde se investiga a las siguientes empresas: minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma,

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