El Sistema de Riesgos del Trabajo sigue garantizando el negocio de la enfermedad y cuidando ganancias empresarias
Lunes 13 de febrero de 2017, por Orestes "Beto" Galeano *
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Cuidar y maximizar las ganancias de las empresas y evitar que el Estado se haga cargo de sus obligaciones de control (y también las de empleador) es, sin duda, una política de Estado, que han sostenido sistemáticamente Menem, Duhalde, De La Rúa, Kirchner, Fernandez, Macri, desde la promulgación de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 en el año 1995.

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* Secretario de Salud Laboral de ATE Nacional. Dirigente de la CTA de la Provincia de Buenos Aires

Dicha política está basada en el gran negocio de la enfermedad, que en el mundo del trabajo se expresa en garantizar que los trabajadores se sigan enfermando mientras trabajan, a esta altura no se puede sostener que es un efecto no buscado.

El sistema garantiza la ausencia de prevención y por lo tanto la generación de enfermedades de origen laboral. Estas enfermedades, en el caso de los trabajadores registrados, se atienden en el sistema de Obras Sociales cuyos servicios están tercerizados en su gran mayoría, y para los casos de trabajadores y trabajadoras no registrados, alrededor del 30% del mercado laboral, van a parar al sistema público de sanidad.

En el actual sistema de ARTs, prácticamente no existe la enfermedad de origen laboral. Sólo el 3% (promedio) de las denuncias corresponden a enfermedades profesionales (así definidas por la ley). No cabe duda que han sido muy eficientes en el ocultamiento de las enfermedades de origen laboral, que sin duda son por la falta de un ámbito de trabajo saludable. Recordemos que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) denuncia la muerte de 2,4 millones de trabajadores/as por año, que el 86% de esas muertes originadas por el trabajo corresponden a enfermedades, calificando la situación de pandemia mundial.

Es cierto que el índice de incidencia para muertes en el trabajo por accidente ha disminuido en los trabajadores formales, pero esto es solo sobre el 14% de las situaciones de mortalidad, como sostuvo el cro. Víctor De Gennaro al presentar nuestro proyecto de prevención en el año 2012, se siguen muriendo más de 7000 trabajadores/as por año producto de las malas condiciones de trabajo.

El sistema es además el paraíso de los funcionarios (no existe sanción alguna ante el incumplimiento de normas de seguridad) de los distintos gobiernos que no les interesa la salud de los trabajadores. En el universo de trabajadores/as estatales (cerca de 3.000.000) solo se realizan los exámenes periódicos a un puñado de miles (en general vinculados a actividades productivas). El método es simple no declaran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores/as, así las ARTs no solo no realizan los exámenes sino que tampoco hacen las inspecciones que los obliga la ley.

En un acto de “sinceramiento” las autoridades de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo han revelado que hay 9 provincias y 300 municipios fuera de la Ley. En muchos casos atendiendo los accidentes de trabajo a través de las obras sociales provinciales, es decir, con la propia plata de los trabajadores. Como también lo hicieron durante un par de lustros quienes administran las direcciones de atención medica de las fuerzas armadas. Pero como el estado no se sanciona a sí mismo ni a sus funcionarios, nada pasa.

Seguimos sosteniendo que para cambiar la situación de fondo la enfermedad debe dejar de ser un gran negocio, debe existir un sistema público no estatal que garantice la atención de las contingencias procurando la máxima rehabilitación, y no sólo asegurando una exigua indemnización.

Para garantizar la prevención eficaz es condición necesaria la participación de los trabajadores no sólo como sujeto individual sino como sujeto de derechos colectivos organizado concientemente. Los trabajadores pueden intervenir en este proceso de diversas formas, por ejemplo, como delegado de prevención elegido por todos los trabajadores o en la conformación de comités mixtos con codecisión. Es imprescindible que exista una política de salud destinada a detectar las enfermedades de origen laboral.

Por ejemplo, a través de programas y protocolos de cumplimiento obligatorio que permitan vincular la posible relación de la causa de enfermedad con la actividad laboral, (la historia clínica electrónica que incluya los riesgos a los que se está expuesto será de gran utilidad). Esto posibilitaría prevenir consecuencias en la salud, el método de diagnostico y tratamiento, sin investigar las causas y sin prevención sólo garantiza el negocio de la enfermedad, cuyo costo pagamos los trabajadores/as.

Intentar limitar el acceso a la justicia desde el inicio del sistema es un objetivo claramente explicado por el compañero y director de nuestro departamente Jurídico Matías Cremonte

Además resulta a todas luces inadmisible que los sindicatos no seamos actores previstos por el sistema de riesgos del trabajo (aún de este que repudiamos), no existe el acceso a la información y mucho menos a la elaboración de medidas preventivas, no tenemos acceso a las declaraciones de riesgos que hacen las patronales ante las ARTs, y mucho menos a los contratos. Los actores que reconoce la ley son los empleadores, la ART, la SRT y el trabajador en forma pasiva e individual, que aparece indefenso ante semejante conjunción de intereses.

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