A 40 años del Golpe Genocida
Operativo Claridad: Dictadura, comunicación y cultura
Viernes 25 de marzo de 2016, por Carlos Del Frade *
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El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) enumera 84 trabajadores de prensa desaparecidos durante el terrorismo de estado, al mismo tiempo que desde el 15 de septiembre de 1980, el decreto 22.285, fijaba las pautas para los medios de comunicación, una mueca de institucionalización que duró casi treinta años.

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El negocio era concentrar los medios en pocas manos, al mismo tiempo que subordinar la información a los Comandos de Cuerpo de cada región de la Argentina. Como hacía sucedido en los golpes de 1955 y 1966, los empresarios amigos iban a ser beneficiados con esa planificada política comunicacional basada en la desinformación.

En forma paralela, en el campo de la cultura, apareció el denominado “Operativo Claridad”, burocracia que justificaba la existencia de listas negras en las diferentes esferas de la cultura y la comunicación.

Uno de los principales documentos del terrorismo de estado en relación a la censura como práctica comunicacional y educativa era el llamado "DIRECTIVA DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO Nro 507/78", con firma y sello de Roberto Eduardo Viola, entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Allí se plantea que las leyes para lograr la "inhabilitación y despido del personal jerárquico o de cuadros docentes o no docentes, laicos o confesionales, enrolados o simpatizantes de la ideología marxista no han logrado los resultados deseables".

Entre las causas se menciona: •"No haberse logrado la total comprensión del problema por parte de los rectores, decanos, supervisores y docentes de todos los ciclos de enseñanza, quienes se han mostrado poco dispuestos a asumir tareas y responsabilidades acorde con las exigencias que impone el Proceso de Reorganización Nacional". Por lo tanto el informe ratifica que "interesan fundamentalmente aquellos informes referidos a: a) Funcionarios y directivos que, mediante acción o inacción favorecen la infiltración. b) Docentes religiosos o laicos que impriman a sus clases una clara o encubierta orientación marxista". El documento explica luego que se deben reunir hasta "Datos de familiares" de "cada causante". Luego define la relación entre los Comandos de Zona, la Jefatura III de Operaciones, la Jefatura II de Inteligencia, la forma de encarrilar la información entre el sector militar y el ministerio de Educación.

Un ítem del informe es breve. Dice: "Velo: mantiene su encubrimiento de OPERACION CLARIDAD", y más abajo:"SERVICIOS PARA APOYO DE COMBATE, de acuerdo con lo establecido en la directiva del CJE (comando en jefe del Ejército) 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78)". La firma es de Viola. Es interesante mencionar que en ninguno de estos documentos aparece la palabra "guerra" para referirse al accionar antisubversivo, término que apareció mucho después, cuando lo encubierto empezó a conocerse, y los responsables del gobierno militar intentaron justificar los crímenes por los cuales se los acusaba.

El general Albano Harguindeguy era Ministro del Interior, pero asumió interinamente Cultura y Educación. En noviembre de 1978 emitió la Resolución 1650 en la que ordena que el organismo encabezado por Valladares centralice toda la información sobre "la detección" de "agentes propiciantes de la subversión y/o el terrorismo". ¿Qué hacer una vez que se detectaba a alguien a quien se creía peligroso? El punto 4.1.1 de la resolución de Harguindeguy dice: •"Las autoridades educativas, culturales y de ciencia y tecnología deberán informar las novedades sobre la detección de agentes o presuntas actividades subversivas a que diere origen el personal a sus órdenes, a las autoridades militares de su jurisdicción". La forma de detectar enemigos ya había sido detallada por Valladares en uno de sus informes de mayo de 1977 donde, al hablar de la estrategia antisubversiva, propone: •"Volcar el centro de gravedad específico, sobre los ciclos primario y secundario. En el primero, operar preferentemente a través de los cuadros de preceptores a seleccionar". Con respecto a la Universidad, planea crear "una red confidencial de reunión de información".

Además ordena: •"Infiltrar y penetrar las organizaciones CTERA, FAUDI, FRANJA MORADA Y MOR, especialmente". El primero es el gremio docente, y las otras son agrupaciones estudiantiles. El punto g) del trabajo dice que hay que "prever la adopción de un esquema de búsqueda dentro de las áreas de Cultura y de Ciencia y Tecnología", y explica de qué modo en el punto h): •"Apelar, para estructurar el sistema de reunión de información, al aporte de los miembros de la familia del personal militar, de las fuerzas de seguridad y policiales, que se desempeñen en el sector educacional". Consultado sobre estas cuestiones, el ex ministro Bruera dijo a Clarín: "¿Y para qué carajo íbamos a querer infiltrar a CTERA, Franja Morada y esas cosas, si en ese momento no aparecían ni a placé? El problema podía ser Montoneros, pero tampoco estaban porque después de que Perón los echa de la plaza (en mayo de 1974) entraron en una bancarrota impresionante". Las dudas de Bruera parecen razonables, pero reflejan que lo razonable no estaba incluído en estos planes: aunque en los informes se hablase de "terroristas" y "subversivos", las acciones militares apuntaban contra cualquier persona opuesta, aún potencialmente, al Proceso. (Investigaciones recientes han revelado, por ejemplo, que más del 90 por ciento de los desaparecidos no eran guerrilleros).

A fines de 1978 Horacio Guarany volvió a la Argentina, lo que motivó un parte de la SIDE. Se menciona que Guarany firmó una solicitada por el fin de la guerra en Vietnam (1968) y otra contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973). Se menciona que fue autor de canciones de "apoyatura a la subversión ideológica", tales como Recital a la Paz y Recital a la Infancia. "Se estima conveniente seguir de cerca sus actividades a efectos de que el causante no pueda volver a difundir, a través de sus actuaciones, mensajes ideológicos comprometidos con la subversión marxista". El "memo" incluye una copia del volante que promocionaba la reaparición de Guarany en el Club Atlanta, de Junín, junto a conjuntos que ya no están de moda: Los Duques Negros y Los Espectros. El siguiente parte (enero de 1979) está dedicado al actor Carlos Carella. Se lo califica como "Fórmula 4", el mayor grado de peligrosidad en los informes de la SIDE, se enumeran solicitadas firmadas por él y se plantea también "seguir de cerca sus actividades a efectos de evitar que pueda convertirse en un ’COMUNICADOR LLAVE’ que sirva, posteriormente, a la difusión de mensajes con connotaciones ideológicas ajenas a nuestro sentir nacional". Sin embargo el parte de la SIDE nació "al tomarse conocimiento que recientemente se presentó con su versión escénica de MARTIN FIERRO".

Desde el primer día, la Junta Militar dispuso una comitiva para analizar la aptitud ideológica de centenares de personalidades públicas. Para eso fue creado el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), un organismo que tenía el deber de coordinar reuniones semanales donde confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y representantes de cada una de las tres armas.

El ECI no era un organismo permanente: se conformaba para cada ocasión. “Aún no hemos encontrado responsables directos. Los ECI se conformaban para cada tarea. Para mí es un término nuevo, a pesar de los años que llevo investigando el funcionamiento administrativo de la dictadura. Creo que estaban en el ámbito de la Junta Militar, y generalmente quedaban bajo la órbita de los secretarios generales de cada fuerza”, concluyó la Directora de Derechos Humanos de la Cartera.

Si bien fueron encontrados muchos más de tres listados –el primero el 18 de junio del 76- el Ministerio de Defensa destacó tres paradigmáticos: uno fechado el 6 de abril de 1979, el segundo el 31 de enero de 1980, y el tercero el 21 de septiembre de 1982. En esos listados el ECI definió cuatro “fórmulas” para calificar a las personas que entraban o salían de las listas:

Fórmula 1: La integraban quienes no tenían "antecedentes ideológicos marxistas".

Fórmula 2: La escala de peligrosidad era mayor para quienes sus antecedentes "no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista".

Fórmula 3: Registraban "algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvables para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.

Fórmula 4: “Antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública. No se le proporcione colaboración", ordenaban a esta cuarta categoría, la más “peligrosa”.

En este contexto la definición del “marxismo” respondía a la propaganda de la dictadura: sin rigor teórico, era un criterio amplio que buscaba la legitimación de los horrores que se cometían. “Eran todos marxistas prácticamente. Montoneros era marxista. Y eso era utilizado deliberadamente: decirle a este pueblo que alguien era marxista no era lo mismo que decirles que eran peronistas”, explica Segado.

La primera lista, doce páginas mecanografiadas, incluyen 285 nombres de "Fórmula 4" de todos los oficios posibles: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes. Hasta titiriteros, médicos pediatras y psicólogos. Entre los hombres peligrosos para los ojos del régimen, había artistas reconocidos como Pino Solanas, Juan Carlos Gené, Rogelio García Lupo, Jacobo Timerman, Marilina Ross, José Octavio Getino y Leonardo Favio, entre muchísimos otros.

La segunda aumentaba los ranqueados F4 a 331 nombres, con algunas recomendaciones sobre ellos: no debían ser difundidos y, en última instancia, debían “ser incinerados”. Las reuniones semanales del ECI aumentaban o filtraban esa lista: como insumos, las mentes militares utilizaban informes de la SIDE. Pero también se discutían casos individuales acercados por los representantes de las Fuerzas, o a pedido de los mismos interesados. Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer y Jorge Luis Bernetti figuraban en esta.

El último listado, fechado el 21 de septiembre de 1982, tuvo un carácter distinto: luego de la Guerra de Malvinas, y el deterioro de la imagen pública de la dictadura, una nota de la Secretaría de Información Pública destaca la directiva del gobierno de “marcar una transición hacia la vida institucional plena del país”. Por ello, propone "evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación". El 14 de octubre de 1982, el tema fue tratado en el seno de la Junta. El acta N° 236 –que integra el corpus hallado- refleja que los dictadores deciden "proceder en forma gradual a desafectar personas (del listado de Fórmula 4) siguiendo el criterio propuesto para la variante 2 de la SIP".

Esa gradualidad se tradujo en la conformación de cuatro sub grupos dentro del universo de 199 personas que aún continuaban inhibidas dentro del listado de "Fórmula 4". La reincorporación iba a ser escalonada: 41 de ellas debían pasar a "contratables" a fines de 1982; otras 60 personas debían dejar de estar en el listado en el primer semestre de 1983; y otras 52 en el segundo semestre de ese año. “Finalmente, la SIP recomendaba (y la Junta Militar así lo decidió) que 46 argentinos, bajo ningún punto de vista, salieran del listado de "Fórmula 4". Nunca dejaría que “un grupo de argentinos puedan ser contratados para trabajar”, explica el comunicado del Ministerio de Defensa. Entre ellos, estaban los actores Norman Briski y Nacha Guevara, el cineasta Justo Octavio Getino, el músico Miguel Ángel Estrella –que había estado secuestrado en la ESMA- y el poeta popular Armando Tejada Gómez.

Cuarenta años después, los principales valores del capitalismo, individualismo y consumismo, siguen siendo impulsados por los grandes medios de comunicación. Y la censura, a pesar de la ley de servicios de comunicación audiovisual, existe a partir de los que pagan su ingreso en los grandes medios. No se ha logrado, más allá de los bellos párrafos de la ley 26.522, la “libre accesibilidad” a las grandes cadenas televisivas.

El desafío, una vez más, es democratizar la democracia, hacer que lo alternativo se haga popular y que los grandes medios, en manos de inquilinos del espacio audiovisual cuyos verdaderos dueños son las mayorías argentinas, abran sus lugares para la multiplicidad de voces, algo que se viene reclamando desde principios de los años ochenta.

En homenaje a los 84 trabajadores de prensa desparecidos y, en especial, en homenaje a las nuevas generaciones de argentinos.

Fuente: www.ctarosario.org.ar

* Periodista.

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