Puja redistributiva
Pacto social, una mesa para anclar las negociaciones salariales de este año
Jueves 28 de enero de 2016, por Sofía Alberti *
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El gobierno busca “coordinar” expectativas de precios y salarios, con el empleo como un condicionante de las negociaciones con empresarios y sindicatos. La historia de los pactos.

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La convocatoria a organizaciones sindicales y patronales para firmar un gran acuerdo de precios y salarios, es la apuesta del gobierno de Mauricio Macri en este primer mes de 2016. Si bien ha estado presente en los últimos años y en diversos momentos históricos, la idea de concretar un pacto social como propuesta gubernamental para institucionalizar el plan económico, volvió con fuerza tras el sinuoso cambio de gobierno.

El panorama no es el mejor, porque antes de nacer el pacto huele a simple disciplinamiento del sector obrero. Ya lo planteó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, al advertir que la puja salarial venidera deberá plantearse en función de los empleos que quieran resignarse. Su par de la cartera laboral, Jorge Triaca, retomó el concepto de paritaria por productividad.

En medio de una ola de despidos que según los cálculos menos dramáticos trepa a 17 mil en el sector estatal en todo el país, represión a trabajadores – los de Cresta Roja primero, municipales de La Plata después-, con gran cantidad de desvinculaciones en el sector privado (medios de comunicación, frigoríficos, contratistas del Estado, ceramistas), y viniendo de una devaluación feroz, parece que el único precio cuidado de la era Macri será el de la fuerza de trabajo.

antecedentes. La historia de los pactos sociales muestra los antecedentes y cómo finalmente han afectado a los actores que subscribieron. En ella hay que buscar y poner en discusión las implicancias sociales, políticas, económicas y legales que hoy en el marco descripto puede tener la ejecución de un pacto de estas características.

El antecedente nacional inmediato fue el pacto social firmado el 8 de junio de 1973 durante el gobierno de Héctor Cámpora y que continuó en el de su mentor y sucesor, Juan Domingo Perón. Al mismo lo suscribieron la Confederación General Económica (CGE) representando a empresarios y, por la parte obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida entonces por José Ignacio Rucci. Quien lo comandó desde el Estado fue uno de los fundadores y entonces presidente de la CGE, el ministro de Economía José Ber Gelbard.

El mandato rector era redistribuir sin recortar las ganancias empresariales, neutralizando la conflictividad social y recuperando el rol rector del Estado en materia económica. Políticamente se venía de los “azos” (grandes protestas obrero estudiantiles en Córdoba y Rosario) que dieron de baja a la dictadura de Juan Carlos Onganía, con procesos crecientes de organización y coordinación política en toda Latinoamérica.

“El pacto social consistió básicamente en una política de ingresos adoptada por el ministro Gelbard con el doble objetivo de contener las expectativas inflacionarias y colocar bajo control las pujas intersectoriales por la distribución del ingreso. Para eso aumentó los salarios en un 40%, muy por debajo de las demandas sindicales, suspendió las negociaciones colectivas por dos años, congeló el valor de todos los artículos y creó un rígido sistema de fiscalización de precios”, contó el historiador Leónidas Ceruti.

El acuerdo conllevó también una serie de medidas proteccionistas de la industria nacional que a la vez limitaba la injerencia de capitales extranjeros. Durante el primer año el plan tuvo su éxito, pero la deserción empresaria, que disparó la inflación y efectuó algunas maniobras especulativas para voltearlo, sumada a la crisis internacional del petróleo, fueron socavando el programa. Junto con las protestas crecientes, se sistematizó la represión estatal y paraestatal, vía Triple A primero y el golpe genocida de 1976, después.

Hacia dentro de las organizaciones gremiales, el pacto social tuvo su efecto político, en tanto aportó a consolidar de las direcciones vigentes que lo avalaron. “La dirigencia sindical era legitimada desde el poder, como representante de las demandas obreras. A cambio, obtenía la llave para futuras negociaciones, lo que le permitía restar protagonismo a cualquier otro sector que intentara conducir la movilización de los trabajadores (…) Para impedir el desborde de la protesta obrera se sancionaría la nueva ley de asociaciones profesionales, que reconocía de manera explícita el rol centralizador que jugarían las conducciones gremiales nacionales en las negociaciones entre el capital y el trabajo, ante la posible emergencia de conflictos en las plantas”, señaló Héctor Lobbe, en su libro “La guerrilla fabril”.

Matías Cremonte, abogado laboralista y representante legal en paritarias de diversas organizaciones sindicales (Asociación Trabajadores del Estado, Federación Aceitera, Federación Ceramista, entre otras), consideró que “la ilusión de conciliar los intereses de clase, esencialmente antagónicos, y anular así la conflictividad social fue y es compartida por muchos gobiernos. Algunos lo intentaron con bastante éxito, como Cámpora en 1973, y otros simplemente lo anunciaron, como Lanusse en 1971 o Cristina Kirchner en 2007, aunque éstos no prosperaron. El propio Perón lo había intentado en 1955, pocos meses antes del golpe militar que lo destituyó, pero fracasó, por negativa de los sindicatos y, sobre todo, de sus bases”. Por mediados de los 50 uno de los conceptos defendidos por las patronales fue, precisamente, el de la paritaria por productividad.

Además de las mencionadas, aunque no tuvo el sello de pacto social, existieron acuerdos entre partes que funcionaron como tales. Es el caso de “los acuerdos marco de los años 90, suscriptos entre la Unión Industrial Argentina y la CGT, que sirvieron de base para la reforma de las leyes de seguridad social y de accidentes de trabajo, concretamente para su privatización”.

Los antecedentes también pueden buscarse a nivel internacional. Uno de los más conocidos es el Pacto de la Moncloa en la España de 1977, establecido luego de la muerte del dictador Francisco Franco. “Todavía hoy los trabajadores en España sufren las consecuencias de ese pacto, ya que además de una gran rebaja salarial –por vía de la negociación de aumentos salariales en función de la inflación prevista y no la pasada-, incluyó la limitación del derecho de manifestación. Es ese el espíritu de los pactos, y es por eso que los gobiernos sueñan con él. Sin ir más lejos, en su campaña electoral de 2007, Cristina hacía expresa referencia al ejemplo español para fundamentar su proyecto de pacto social”, recordó Cremonte.

Un pacto ¿para vivir? El gabinete de Mauricio Macri, catalogado como “CEOcracia” por el economista Claudio Katz, en referencia al componente de referentes empresarios en las diversas carteras, dio el puntapié de gestión con la delicadeza de un elefante en un bazar. Antes de asumir, Prat Gay preanunció una devaluación que conllevó un demencial aumento de precios.

Luego, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), antes de su primera experiencia a cargo de la cartera laboral en una ronda paritaria, anunció que pretende que los aumentos salariales se discutan tomando como referencia la inflación futura y no la pasada. Es decir, resignando lo perdido. “Una suerte de renunciamiento patriótico, que por cierto no se les exige a los empresarios, que ya han aumentado sus ganancias por la vía de la inflación y la devaluación del peso”, ironizó el abogado laboralista.

Con manifestaciones en desarrollo sobre la autopista Richieri, que conduce al aeropuerto de Ezeiza, el macrismo presentó la idea de un protocolo para regular la protesta social. Mientras, Gendarmería “negociaba” con balas de goma y camiones hidrantes con los obreros de la avícola quebrada Cresta Roja. Entonces, para aplicar un pacto social, no se trata sólo de limitar aumentos salariales que siempre son por debajo de la inflación, se trata también de limitar el derecho a la protesta o directamente del derecho de huelga. Vale recordar que, aunque el máximo tribunal no se expidió, este último fue discutido en la Corte Suprema de Justicia el pasado 10 de septiembre y también en la cumbre internacional de la Organización Internacional del Trabajo, empujado por las entidades patronales. Se trata de una discusión mundial plantada por los grandes empresarios en un marco de recesión global.

“Depende la forma que adopte, se requiere de un sustento legal determinado. El pacto social de 1973 supuso la sanción de una serie de leyes, sobre todo porque el acuerdo entre la CGT y la CGE previo a las elecciones generales incluía muchas medidas de fondo, como la renta a la tierra ociosa, la suspensión de los desalojos agrarios, la búsqueda del pleno empleo, la promoción de la industria nacional, nacionalización de las exportaciones de granos y carnes, nacionalización de los depósitos bancarios, viviendas de interés social, entre otras. Pero en lo que hace a la negociación colectiva salarial, prácticamente la anuló y previó un férreo control hacia quienes intenten sortear esa prohibición, en clara alusión a las bases más combativas. Sin embargo creo, por más que exista la ilusión patronal y gubernamental de lograr llevar adelante un verdadero pacto social, que eso es inviable en el actual contexto, mucho menos en la forma de un instrumento legal”, analizó Cremonte.

El mercado laboral. La actualidad argentina cuenta además con otros aditamentos que no estaban en agenda en los 70. La existencia de altas tasas de desocupación o subocupación y el empleo informal que afecta al 40 % de los trabajadores, dificulta concluir que las grandes soluciones puedan pasar por pactos sociales generales. Ni los gobiernos precedentes, y dificultosamente el que está en tránsito a la luz de sus primeras medidas, se han dado políticas serias para atacar el empleo informal. La falta de registración o la registración irregular es parte de una práctica sistemática de parte del empresariado y del propio Estado argentino. Una evasión a la legislación vigente que también es viable porque los sindicatos que lo denuncian no son la mayoría. Pero la política laboral del flamante gobierno se evidenciará claramente en las próximas paritarias. Tal vez intente, como su predecesor, controlar los aumentos salariales en las paritarias 2016, a través de “techos sugeridos”.

Paritarias. Días atrás el responsable del INDEC, Jorge Todesca, dijo que, pese a no haber índices oficiales, “datos confiables” establecían una inflación de 24%. “De allí la importancia de que desde el movimiento obrero se exija la vigencia de paritarias libres, y rechazar cualquier intento de limitación del derecho de huelga”, estimó el representante legal de los gremios estatales, ceramistas y aceiteros.

“Esperemos que frente a una situación tan compleja como la actual, en la que el supuesto árbitro tiene la camiseta del equipo contrario, y hasta pretende patear los penales, los trabajadores estén a la altura de las circunstancias y den la pelea que hay que dar. En los últimos dos años, la clase trabajadora en su conjunto perdió parte de su salario real. Los aumentos que consiguió fueron inferiores a la inflación. Por eso la pelea por las paritarias libres, sin techo _y no sin piso, ya que el piso es justamente la ley y la Constitución nacional, es decir, la definición de salario mínimo que da el artículo 116 de la ley de contrato de trabajo-, la defensa del derecho de huelga, y ambas herramientas utilizadas para luchar por esos salarios dignos, son la prioridad que debe tener la clase trabajadora en este momento”, cerró Cremonte.

Fuente: Sofía Alberti; www.lacapital.com.ar

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