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Algunos comentarios sobre la Audiencia Pública de la Corte por la titularidad del Derecho de Huelga
Lunes 14 de septiembre de 2015, por Horacio Meguira *
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La Audiencia fue convocada a fin de que la sociedad civil por intermedio de instituciones “amigas del tribunal” y las partes de la causa “Orellano Francisco Daniel c. Correo Oficial de la República Argentina S.A. s. juicio sumarísimo" den opinión sobre titularidad del Derecho de Huelga.

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* Director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma

Hubo dos aspectos y líneas argumentales fundamentales que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pedía opinión: ¿Quién es el titular del Derecho de Huelga? y ¿cuáles son los efectos para el supuesto de despido como consecuencia del ejercicio del derecho?

Hay una diferencia entre adherir y convocar. Adherir a una huelga puede generar una disyuntiva, si se adhiere o no conforme a derecho. Convocar está relacionada con la potestad de ser o no titular del derecho de convocatoria.

Luego podemos distinguir si es o no conforme a Derecho adherir a una huelga convocada por un sindicato con Personería Gremial, por un sindicato con simple Inscripción Gremial, o por un grupo o pluralidad de trabajadores.

En este caso quien convoca a la huelga es una pluralidad de trabajadores del Correo Oficial de la localidad de Monte Grande, que no conforme con lo negociado por los sindicatos con Personería Gremial, resuelven en asambleas sucesivas, continuar con la medida de fuerza que originariamente habían convocado los sindicatos con Personería Gremial con ámbito personal y territorial en la actividad del Correo.

Las distintas voces de los “Amigos del Tribunal” estuvieron dirigidas a adherir al criterio amplio de titularidad por distintas razones. Algunas con hermenéutica ligada al texto de la Constitución de 1953, hasta las consecuencias de la Reforma de 1994 y la agregación de los tratados internacionales al “Bloque Constitucional”; otros recurrirían a la interpretación de los organismos de control de la OIT.

Muy pocos se animaron a enfrentar las consecuencias del paradigma: ¿Son legítimos los despidos producidos como consecuencia de haber adherido a una huelga convocada por un colectivo que no es un sindicato?

Seguramente la elusión del tema en algunas intervenciones se debió a que lo resuelto en materia de “despido discriminatorio por actividad sindical” por la CSJN en “Álvarez c/Cencosud” pueden registrarse diferencias sustanciales entre el voto de la mayoría y el de minoría. La mayoría entendió que era posible a un tribunal ordenar la “restitución integral” y disponer la reinstalación del actor despedido y la minoría, aún reconociendo que el despido fue discriminatorio, entendió que sólo es posible la reparación posterior con una indemnización agravada.

Entre las intervenciones destacables de los “Amigos del Tribunal” cabe considerar la opinión de la Asociación de Abogadas de Buenos Aires que resaltó la importancia del Derecho de Huelga en el Derecho Constitucional, y aportó conocimiento del las interpretaciones de constitucionalistas de la talla de Bidart Campos, respetado por todas las corrientes ideológicas del Derecho Social.

El discurso de la CTA Autónoma se caracterizó por un análisis consecuencialista de las distintas opciones del tribunal. Fue un aporte que sin perder el hilo de la propuesta del debate ni apartarse de la convocatoria de la Corte, imaginó desde la visión de los trabajadores, qué podría suceder, en el aquí y ahora, de la realidad del conflicto.

En cambio los argumentos de la CTA de los Trabajadores estuvieron más dirigidos a agregar elementos del Derecho Internacional Regional basados en la Declaración Socio-Laboral del Mercosur y el Protocolo de San Salvador.

El análisis del representante de ATE en términos claros y precisos describió quienes son los titulares reales del Derecho de Huelga en una estructura ocupacional donde más del 50 % está en la informalidad, y del otro 50% solo el 22 % está sindicalizado; trajo a tierra alguno de los análisis abstractos más ligados al Derecho Positivo que al ejercicio efectivo del Derecho de Huelga.

La Unión Industrial trajo al tribunal la problemática del Derecho de Huelga en las Normas Internacionales de Trabajo (NIT) y el debate que ha provocado el Grupo de Empleadores en la OIT a partir del 2012. Su estrategia no se entendió muy bien, tampoco cuales fueron las razones de traer a colación dicho debate, hasta que afirmó con toda claridad que dicho derecho pertenece a la asociación sindical con Personería Gremial, en contradicción con todos los demás oradores. Allí entendimos.

La parte demandada estuvo ceñida a la defensa plena del derecho a despedir a los huelguistas. Defendió a la empresa estatal y la actitud asumida sin ninguna invocación valedera. Hizo un incorrecto uso del voto por minoría del fallo “Álvarez”. No supo o no pudo utilizar adecuadamente el argumento del poder de dirección de la empresa y su capacidad de des-contratar, que una gran parte de la doctrina ius-laboralista sustenta. Cometió un grave error táctico al aceptar la tesis de que la huelga era un derecho de “los trabajadores”, lo que dio pié a que el tribunal resaltara la contradicción.

Demostró no tener una estrategia definida y pasó momentos muy difíciles frente a la preguntas del Tribunal, en algunos momentos vergonzosos. Tampoco dio explicaciones valederas de las razones que provocaron el despido de 16 trabajadores y como vinculó la empresa la adhesión a la huelga, con la supuesta ilicitud del convocante.

La parte actora sí tuvo una estrategia. Consistió en eludir el debate de la titularidad del Derecho de Huelga y el despido discriminatorio. Prefirió reinterpretar los hechos y destacar que la huelga fue convocada por los sindicatos con Personería Gremial y que la continuidad del conflicto de los trabajadores de la planta de Monte Grande estuvo más referida al Derecho de Reunión y a las asambleas.

Se apartó de los argumentos de la sentencia de la Sala primera de la CNAT y del voto de la Dra. Gabriela A. Vazquez y de los motivos de convocatoria de la Corte Suprema. Prefirió enmarcar el conflicto dentro de los márgenes de la negociación colectiva, entendiendo que la disidencia provocada en las asambleas donde participaron los actores, fue el verdadero motivo del despido. Entendió que la causa del despido fue la de deliberar y ejercer el derecho de reunión, no por auto arrogarse el derecho de convocar a una medida de fuerza.

Prefirió un análisis que haga coincidir las coordenadas del conflicto dentro del marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, que enumera al Derecho de Reunión como un derecho de los trabajadores y delegó en “los amigos del tribunal” la defensa de la titularidad de la huelga. Lo que motivó reproches del tribunal por no respetar el principio de congruencia.

Tampoco abordó la contradicción entre el despido como represalia a trabajadores que adhirieron a una huelga con la titularidad del Derecho de Huelga.

Conclusiones

La Corte sigue teniendo el prestigio generado durante más de 10 años de doctrina de la mejor calidad. Fue una Corte Suprema para una República, con verdaderos logros en materia de derecho social sin afectar el derecho de los propietarios y el rol del Estado. Se destacó claramente de los otros poderes y de los jueces de menor jerarquía.

Su composición actual provoca un sentimiento de “fin de etapa”; con la ausencia de Fayt, solo tres ministros intentaron mantener el señorío presencial que generan las audiencias públicas. Interrogó, ratificó la habilidad, la solidez y el conocimiento de la causa.

No escapa que el primer voto de la Sala I de la CNAT, en los autos en análisis, es de Gabriela Alejandra Vázquez, actualmente a cargo de la presidencia del Consejo de la Magistratura; no hay que ser “vidente” para saber que existe una poderosa disputa entre ambos por los temas pendientes que hacen a la “administración del poder judicial”

Los "Amigos del Tribunal" demostraron la preocupación que se creó en la posibilidad de que éste resuelva en favor de la tesis restringida de la titularidad de la huelga y se modifique la actual tendencia de restitución a su lugar de tareas a los trabajadores, activistas y representantes sindicales ante un acto discriminatorio de los empleadores.

Las intervenciones fueron en pocos casos brillantes, en otros no tanto, y en otros repetitivas e inútiles. Se notaba esa condición y deformación profesional de “los abogados” que pretendemos enseñar y hacer saber por intermedio de la palabra florida, la auto-referencia o la explicación causada y con-causada, tenemos una tendencia a la repetición, como si viviéramos los tiempos de Montesquieu o nos remontáramos a la oratoria de la defensa de “J’accuse…!” de Émile Zola es su alegato en favor del capitán Alfred Dreyfus

Por momentos se reiteraban “lugares comunes”, como si el tribunal no supiera o no tuviera acceso al conocimiento, otros fueron verdaderos panfletos llenos de consignas mas propios de una asamblea estudiantil que de un tribunal.

Hubo pocos argumentos novedosos que sirvieran como aportes o enriquecieran los fundamentos de la sentencia de segunda instancia o permitieran hacer conocer el impacto o el efecto que podría provocar en la realidad, o las consecuencias del fallo en el derecho y en la práctica.

Las partes desacostumbradas de las exposiciones públicas con consecuencias jurídicas alegaron con argumento baladíes. No demostraron entrenamiento para argumentar solidamente y descolocar al tribunal que interrogaba. Por el contrario, fue el interrogatorio del Tribunal el que descolocó a las partes.

La estrategia del empleador fue nula. No acudió a argumentos que tenía a la mano, a la vista del propio tribunal. Allí sentados, frente a él había dos votos de minoría del fallo “Alvarez” que habían argumentado muy firmemente, fundados en la capacidad de despedir que tiene el empleador, en la estabilidad relativa del régimen de contrato de trabajo y su diferenciación de la “estabilidad en el empleo público”. No pudo usarlo, se enredó con una defensa directa de la actitud de la empresa de despedir como consecuencia de la huelga, sin matices.

La CTA Autónoma enfrentó la cruda realidad de “Alvarez” y se animó a recurrir a la defensa de la estabilidad propia y la prohibición del despido discriminatorio. Es que por detrás subyacía que el despido discriminatorio, la represalia fue contra aquellos que osaron disentir con el “unicato”, con el sindicato con Personería Gremial que coadministra y pone condiciones a los titulares de la empresa publica al momento de “liquidar opositores”.

Por eso uno de los "Amigos del Tribunal" hizo mención que por detrás había un debate del modelo sindical. Podemos suponer que corriendo el velo del conflicto judicializado, seguramente existe una imposición por parte de los sindicatos con personeria y ambito en el Correo de “despidan al zurdo” aún vigente en el “Vandorismo” que nunca termina de morir.

La defensa de Orellano no se hizo cargo del dilema planteado por la Corte. Recurrió a la elusión del motivo de la convocatoria. Como bien dijo un periodista especializado en uno de sus Twitts, “vaciló entre defender a su cliente o frontalmente definir la interpretación del Derecho a la titularidad de la Huelga”

En el fondo, denota falta de convicción en la libertad sindical. El modelo sindical de unicidad promocionada caló muy hondo en los laboralistas. No se pudo desprender de la interpretación de la letra de la Ley Sindical que describe al “unicato”. No pudo volar en la incertidumbre de la interpretación constitucional por fuera de la concepción vertical y positivista del derecho, tan común entre los litigantes y los jueces.

Es muy común la creencia que el Derecho es la letra de la Ley o del último eslabón de la cadena legislativa, el decreto la disposición, y que la tarea del abogado es defender dentro de la interpretación del derecho positivo, la cita constitucional y de las NIT es solo un complemento del argumento “fuerte” que debe basarse en la ley formal.

No se advirtió que este caso no es solo de la parte, es de todas las relaciones de trabajo y por ende lo que en definitiva resuelva el tribunal va a tener repercusión en todos, especialmente en los trabajadores que como sus clientes, intentan organizarse a partir de su propia auto tutela desprendidos del sindicato preexistente, que es parte de la opresión que sienten cotidianamente.

Por último, el discurso del representante de la UIA permite entender un poco mas como son los bloques políticos dentro del “mundo del trabajo en la Argentina” No fue necesaria la presencia de CGT para defender la postura que fue mayoritaria inexplicablemente en los tribunales inferiores, de que el único titular del Derecho de Huelga es el sindicato con Personería Gremial.

Coincidiendo con las posturas que los representantes de la UIA vienen sosteniendo en la OIT, recurrió a la “Personería Gremial”, para intentar reducir el conflicto a unos pocos con quienes es fácil acceder Fue coherente con la etapa. Se necesitan voluntades para negociar el ajuste, para intentar repetir la experiencia del ’94 donde un acuerdo-marco CGT-UIA desató la ola flexibilizadora más profunda de la historia de la legislación del Trabajo y de las relaciones laborales.

Está abierto el debate dentro y fuera de la Corte Suprema de Justicia.

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