Libertad y democracia sindical
Pablo Micheli debatió en la Corte por el derecho a huelga
Viernes 11 de septiembre de 2015, por Paola Albarello *
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En el día de ayer el Secretario General de la CTA-A Pablo Micheli expuso los argumentos ante La Corte Suprema de Justicia de La Nación en base a un escrito elaborado por el Director del Departamento Jurídico de la CTA-A, Horacio Meguira, y en torno al tema por el cual el Tribunal convocó a dicha audiencia: Quién o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa, como por ejemplo, una huelga.

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Con la presencia de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, y ante una gran audiencia de público en general, Micheli afirmó: “Desde nuestra Central entendemos que cualquier fallo que limite el ejercicio del derecho de huelga implicaría un retroceso en el camino que esta misma Corte ha delineado”. De esta manera, y sin dejar dudas sobre la posición de la CTA-A respecto a una titularidad amplia en materia de derecho de huelga, el líder de la Central señaló: “Se trata de un momento donde la organización colectiva de los trabajadores ha vuelto a ocupar el eje en el sistema de relaciones laborales, lo cual da cuenta el crecimiento tanto de la conflictividad laboral como de la negociación colectiva”.

Acto seguido, Micheli hizo referencia al momento donde surge la posibilidad de la huelga y las consecuencias ante la determinación de oprimirla: “El punto donde nace la intención del ejercicio del derecho de huelga proviene de la voluntad colectiva del lugar donde surge el conflicto, puede ser una empresa, una provincia, o todo el país. La postura contraria a este reconocimiento de la titularidad de dicho derecho no eliminará el conflicto, tan sólo dificultará su resolución e impedirá el debate y la negociación entre los “antagonistas reales”. Si los trabajadores hemos ido a la huelga aún cuando esta era considerada un delito penal, difícilmente dejaremos de hacerlo frente a una interpretación restrictiva de titularidad”. En este sentido, el líder sindical insistió en dejar en claro que dichos fundamentos se basan en recientes conflictos como el de los Maestros y Tareferos en Misiones, los trabajadores sub-contratados de Telefónica Argentina, y los conductores de la “línea 60”, lo cual “Lo demuestran palmariamente”.

Luego, el máximo referente de la CTA-A hizo mención sobre los mecanismos de reparación frente a las represalias como consecuencia de practicar ese derecho: “En el caso de los trabajadores despedidos producto de haber ejercido el derecho a huelga, no cabe duda alguna que esta restitución se satisface con la reinstalación del trabajador afectado en su puesto de trabajo. De no ser así limita la libertad sindical individual de adherir o abstenerse a la medida de fuerza ya que estaría condicionado por la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Por el contrario, habilitar el pago de una indemnización como opción principal, aún tratándose de una doble indemnización, no es otra cosa que una invitación a aplicar esta norma en lugar de la reincorporación del trabajador o trabajadora, como en el caso tratado en esta ocasión por la Corte.

Al finalizar, Pablo Micheli hizo un breve análisis y dejó un mensaje en torno a la desafíos y escenarios en los que se van a enmarcar las luchas de todo el campo popular: “Creemos que una interpretación amplia de la titularidad del derecho de huelga es coherente con la doctrina construida en estos 11 años y con la realidad de los trabajadores que luchamos por mejorar nuestra condición de vida. Desde la Central que conduzco estamos convencidos que gane quien gane las elecciones del próximo 25 de octubre, un inminente ajuste recaerá por presión de los grupos de poder económico y financiero. Inevitablemente, ello acarreará una posible pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Por esta razón señalo que hay que defender esta concepción respecto al derecho de huelga, ya que instituir un criterio restrictivo, amén de que no va a ser obedecido por los trabajadores y trabajadoras, implica poner un escollo importante para la defensa de los mencionados “derechos adquiridos”.

Cabe recordar que la convocatoria se dio en el marco de la causa “Orellano, Francisco contra Correo Oficial de la República Argentina”, iniciada tras un conflicto colectivo que llevaron adelante los trabajadores del Correo y que motivó el despido de 46 empleados. La Justicia de primera instancia y luego la Sala I de la Cámara Laboral entendieron que los despidos eran discriminatorios y ordenaron la reincorporación de los trabajadores. La empresa reincorporó a los desplazados pero elevó un recurso a la Corte que derivó en la convocatoria al “amicus curiae” (amigos del tribunal) para debatir “quién o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa”.

Además de Matías Cremonte y Horacio Desimone, que hablaron en su calidad de representantes de las partes, expusieron el director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; y el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek. También participaron el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; la letrada de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante; y el abogado de la CTA de los Trabajadores, Raúl Ferrari.

* Equipo de Comunicación de la CTA

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