El grito de la tierra
Jueves 16 de junio de 2011, por Juan Carlos Giuliani *
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El reconocimiento de los antiguos pueblos como parte indivisible del sujeto social que alimenta la identidad de la clase trabajadora, es un paso significativo en la toma de conciencia de nuestra fuerza en este nuevo tiempo.

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* Periodista. Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto. Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA hasta septiembre del 2018.

La resistencia al poder establecido desde hace más de 500 años se conjuga con los vientos de fronda que soplan en América Latina para dar visibilidad a los pueblos originarios en la Argentina. Comunidades que, por otra parte, militan por doquier tanto a nivel de nuestra CTA, como en los diferentes encuentros hacia una Constituyente Social que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país. Jujuy en 2008 y Neuquén en 2009 fueron claramente demostrativos de ese protagonismo fundamental en la construcción de un proyecto de emancipación plurinacional e intercultural.

Estando en el Alto Perú, Juan José Castelli, enviado de la Primera Junta de Gobierno patrio, decidió convocar a festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, en el Tiahuanaco, lugar sagrado que la cultura aymara considera el origen de su pueblo, el mismo donde casi 200 años después Evo Morales juró como presidente de Bolivia.

La proclama, fechada en el Cuartel General del Ejército Auxiliar y Comisionado de la Libertad en Tiahuanaco, 25 de mayo de 1811, que lleva las firmas de Castelli y Bernardo de Monteagudo y que ha sido deliberadamente ocultada por la historia oficial rezaba: “Ordeno que siendo los indios iguales a todas las demás clases en presencia de la ley deberán los gobernadores intendentes con sus colegas y con conocimiento de sus ayuntamientos y los subdelegados en sus respectivos distritos del mismo modo que los caciques, alcaldes y demás empleados dedicarse con preferencia a informar de las medidas inmediatas o provisionales que puedan adoptarse para reformar los abusos introducidos en perjuicio de los indios aunque sean con el título de culto divino promoviendo su beneficio en todos los ramos y con particularidad sobre repartimiento de tierras, establecimiento de escuelas en sus pueblos y exención de cargas o imposición indebidas […] Últimamente declaro que todos los indios son acreedores a cualquier destino o empleo de que se consideren capaces del mismo modo que todo nacional idóneo sea de la clase y condición que fuese, siempre que sus virtudes y talentos lo hagan digno de la consideración del gobierno […] que en el preciso término de tres meses contados desde la fecha deberán estar ya derogados todos los abusos perjudiciales a los Naturales y fundados todos los establecimientos necesarios para su educación sin que a pretexto alguno se dilate, impida o embarace el cumplimiento de estas disposiciones”.

Algo similar proclamaba Manuel Belgrano a su paso por el territorio de las “misiones jesuíticas” que llevaba al Paraguay y José de San Martín incorporó en su ejército a los aborígenes en igualdad de condiciones, les suministró la enseñanza de la lucha por sus derechos y reconoció la justicia de sus reclamos. José Gervasio Artigas, en su Reglamento de Tierras, proponía que zambos, negros, indios y criollos pobres tuvieran derecho a recibir la propiedad de tierras que les permitieran “propender a su felicidad”.

Sólo la sistemática tarea de ocultamiento y estigmatización de estos pueblos que han realizado durante décadas las clases dominantes, explica la soberbia indiferencia del poder para despojarlos de sus pertenencias históricas.

Entre el 12 y el 20 de mayo del 2010 se realizó la “Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas” que confluyó en la Plaza de Mayo con el objetivo de demandar al Gobierno nacional reparaciones en los campos económico, cultural, educacional y territorial. Se fueron con las manos vacías. Entre muchas otras demandas figuraban: Reglamentación y aplicación del derecho a la consulta, mensuración y titulación de los territorios comunitarios, reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales de Argentina y la declaración del agua como recurso sagrado.

El peregrinaje de la Comunidad “La Primavera” del pueblo Qom de Formosa para denunciar la violación de sus derechos por parte del gobernador Gildo Insfrán –escoltado por la silenciosa complacencia del Gobierno Nacional, que sólo accedió a atenderlos después que acamparan cinco meses frente al Obelisco y bloquearan durante cinco días la Avenida 9 de Julio en pleno centro porteño- es demostrativo del destrato institucional. El actual modelo productivo, que promueve la ampliación de la frontera agropecuaria para aumentar la producción de soja, y da luz verde a la megaminería contaminante a cielo abierto, multiplica las consecuencias ambientales y sociales y motoriza el desplazamiento de estos pueblos de las tierras que habitan desde tiempos inmemoriales.

Les niegan los derechos humanos más elementales: vivienda, salud, trabajo, documentos de identidad, educación. Y los asesinan, como en Tucumán y Formosa. La obstinación en resguardar su identidad, augura el día de su resurrección política, social, económica y cultural para volver a vivir bien de acuerdo a sus costumbres, su lengua y su espiritualidad.

Resignificar las luchas emancipatorias del pasado ayudarán a confrontar conscientemente con la globalización neocolonial, y a repensar –colectivamente-un nuevo Proyecto Plurinacional, Popular, Democrático y Latinoamericano, capaz de convertirse en una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo del Siglo XXI.

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