La Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba, sin personería
Martes 8 de abril de 2014, por Eugenia Aravena *
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La Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba (AMMAR-CTA) nació un día de verano en un convento de monjas, sin mucha claridad de lo que verdaderamente estaba pasando para la historia de las meretrices cordobesas, pero con todo el convencimiento de que las cosas tenían que cambiar.

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* Miembra Fundadora de Ammar Córdoba, representante de Argentina ante la plataforma latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual –PLAPERTS – REGIONAL MIEMBRAS DE LA NSWP -MUNDIAL

Estamos cansadas de estar presas desde tres días hasta semanas y meses, en calabozos inhumanos, cansadas del abuso, el atropello y la violencia, no sólo policial sino también social.

Pagamos el costo de la clandestinidad, precariedad y criminalización de una práctica que no es delito en la Argentina, pero que sin embargo nos hicieron creer siempre que sí lo era. Lo cierto es que mientras cientos de lugares prohibidos por ley y siempre manejados con complicidad funcionaban tranquilamente, se perseguía sin ningún tipo de pudor a cientos de meretrices autónomas e independientes de las calles cordobesas.

Hoy, después de tantos años, nos vemos muy preocupadas por la clara discriminación política de la cual sí estamos siendo víctimas nosotras, mujeres adultas, que venimos hace más de 14 años construyendo esta organización como la única herramienta que hemos encontrado para poder defendernos y también trabajar de forma colectiva, para mejorar la calidad de vida de todas las compañeras.

Hemos tenido muchos logros y seguimos demostrando día a día que AMMAR Córdoba es una organización comprometida socialmente. Abrimos distintas áreas de trabajo; nos capacitamos en prevención para la salud, derechos humanos y violencia de género; sostenemos espacios concretos de contención, como la escuela primaria para adultos oficial del Ministerio de Educación, talleres de formación y capacitación, un jardín maternal que depende de la Dirección de Niñez de la Provincia, y un consultorio médico en nuestra sede, que funciona gracias al convenio firmado con la Universidad Católica de Córdoba y el Hospital Rawson.

Estas tareas, como los talleres de prevención de sida, la entrega gratuita de preservativos y muchas actividades más, son abiertas a la comunidad y así pueden dar cuenta a cientos de personas, aquellas que tienen sus derechos más vulnerados en esta sociedad desigual y que son quienes se benefician de la tarea de AMMAR Córdoba.

Entonces, ¿qué hace que funcionarios de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba consideren que nuestra asociación no aporta al bien común? Pura y netamente la discriminación; pero no cualquier discriminación, que es lo que se podría pensar, sino la peor que podemos sufrir dentro del sistema democrático de ideas: la discriminación política.

Creemos que ello no es por azar, sino porque hicimos pública nuestras críticas y nuestros repudios a la Ley de Trata número 10.060, además de denunciar de modo sistemático el mal funcionamiento de la Secretaría Provincial de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, que hasta el día de hoy deja a muchas mujeres en pampa y la vía (Secretaría que también fue repudiada públicamente por Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles).

Bastante complicada es en la actualidad nuestra lucha: tenemos que enfrentar la intencionalidad política de algunos sectores que pretenden mezclar el ejercicio del meretricio con la trata de personas. Sostenemos que no estamos hablando de la misma situación, pero además nos parece importante subrayar que el ejercicio de dicha profesión no es un delito y no está penado ni prohibido por ninguna ley de nuestro país.

Sin embargo, ¿por qué vivíamos presas como si fuéramos delincuentes? Porque para que se beneficien tercer@s del trabajo sexual ajeno, éste tiene que ser criminalizado.

La personería jurídica que se nos niega nos daría legalidad, legalidad que nunca significa legitimidad, que de eso sí damos cuenta. Por ejemplo, en casos como el de Natalia Suárez, quien fue secuestrada por más de cinco días en Alta Gracia y apareció tirada en una plaza, justo cuando AMMAR Córdoba estaba en la comisaría, con algunos medios locales en la puerta y acompañando a los familiares de la compañera, no pudimos ser querellantes por no tener la personería jurídica. El caso no tuvo ninguna novedad desde la Justicia hasta hoy. Algunas cosas, AMMAR Córdoba puede; otras, no.

El 17 de febrero pasado, recibimos con mucha alegría una sentencia a nuestro favor dictada por la jueza de Primera Instancia Victoria Bertossi de Lorenzati, quien intimó “a la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Córdoba a que en el término de cinco días hábiles inscriba a AMMAR Córdoba como una asociación civil oficialmente reconocida”, con un extenso fundamento que afirma que la asociación sí aporta al bien común y que la resolución 593 de la IPJ de Córdoba era “arbitraria y discriminatoria”.

Pero el Gobierno provincial apeló la sentencia, lo que frenó el cumplimiento del fallo, por lo que hoy seguimos esperando que se termine “la injusticia” que las mujeres meretrices pobres sufrimos en la Argentina.

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